La Fiscalía aduce que hubo un perjuicio de USD 10 millones.
Punto Noticias.- El juez de Garantías Penales, Patricio Vidal, dictó auto de llamamiento a juicio en contra de 16 personas por el presunto delito de delincuencia organizada para la compra de insumos médicos, adquiridos entre 2015 y 2019 en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil.
El dictamen acusatorio en contra de Luis Enrique J. Z., Jorge Josué H. A., Esteban S. M., José Euclides B. G., Francisco O. T., Jorge C. B., Javier V. Ch., Francisco S. J., Hugo V. F., Janeth P. O., Omar C. V., Cristina A. R., Judith A. O., Raúl P. T., Juan José P.G. y Karina G. J. sirvió para que el magistrado tome esa decisión.
Vidal ratificó, además, las medidas cautelares que pesaban en contra de los procesados y dispuso la retención de valores en las cuentas bancarias por USD 10 millones, así como la prohibición de enajenar los bienes.
Ese monto sería el perjuicio ocasionado por 18 convenios de pago en la compra de los insumos médicos con presunto sobreprecio.
Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Sur Valdivia, la Fiscalía presentó como elementos de convicción: los informes investigativos de la Unidad de Inteligencia Antidelictiva (UIAD-G), los informes de contrataciones entre la entidad de salud y personas naturales y jurídicas, y los informes generales emitidos por la Contraloría General del Estado entre el 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2018.
La entidad incluyó las certificaciones obtenidas de solicitudes jurídicas derivadas por varias áreas de la entidad para la compra y adquisición de los insumos médicos, las órdenes de pago por la compra de estos y las versiones de los procesados en el caso.
El 2 de junio de 2020, en operativos ejecutados por la Fiscalía y la Policía Nacional, varias personas fueron procesadas luego de su detención en los sectores La Garzota, Puerto Santa Ana, Vernaza Norte, en Guayaquil; y urbanizaciones privadas en las vías a Daule, Samborondón y Salinas, encontrándose entre ellos exfuncionarios de la casa de salud y representantes de casas comerciales dedicadas a esta actividad.
El presunto delito de delincuencia organizada es sancionado con una pena privativa de libertad que va de siete a 10 años.
Fuente: Fiscalía, redes sociales