Esto en el marco del traslado de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González a criminalística en Quito para cumplir diligencias solicitadas por Fiscalía.
Fausto Jarrín, abogado defensor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, calificó a la diligencia cumplida este sábado 7 de diciembre en criminalística como un intento absurdo de la Fiscalía de ganar tiempo para tratar de generar la sensación en la gente de que existen responsables por el caso de rebelión.
“Un delito que no existió, con gente que jamás ha cometido hechos violentos contra el orden público- Lo que hemos requerido es que se les permita ejercer una oposición democrática y estoy seguro que así será”
El jurista explicó que la diligencia solicitada por Fiscalía se enmarcó en la revisión de los computadores extraídos de la Prefectura de Pichincha, en donde lo único que se encontró fue Quipux de gente trabajando.
Respecto a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jarrín explicó que el organismo no se está refiriendo al supuesto delito que se investiga sino más bien a la garantía de derechos de los acusados y en el caso de Pabón a los derechos electorales de los votantes.
“La única manera de evitar que el Estado sea sancionado es permitiéndole a Paola Pabón regresar a su cargo, y estoy seguro que así tomarán la decisión el sistema justicia. En cuanto a Virgilio Hernández y Christian González, la única manera de que ellos ejerzan una oposición en democracia y tal como la Constitución prevé será permitiéndoles defenderse en libertad”.
Con esa base, informó que el lunes 9 de diciembre tendrá una reunión de coordinación jurídica para determinar el camino que se tomará el cual puede ser la solicitud de un habeas corpus, o seguir el proceso con la jueza de garantías y también existe la posibilidad de solicitar la revocatoria o revisión de la medida.
Recordó que el tiempo ahora está en contra del Estado quien tiene quince días para resolver según lo ha dicho la CIDH. “La Comisión está citando sentencias en donde se ha condenado a Estados por afectar los derechos políticos de una persona sin tener sentencia ejecutoriada”, dijo Jarrín comparando con el caso de la Prefecta Paola Pabón.
“Y el Estado debe preocuparse porque la Comisión le está diciendo que podrá ser sancionado cuando esto llegue a la Corte en caso de que se perjudique los derechos democráticos de quienes votaron por ella”.
Estas declaraciones las brindo a la salida de criminalísta en Quito.