El anuncio del Jefe de Estado, Lenín Moreno, de convocar a una consulta popular, sin señalar los temas que propondrá, ha servido de plataforma para que los grupos políticos de oposición intenten posicionar en el imaginario popular los asuntos propios de su interés.
Para estos sectores, la falta de institucionalidad del país hace necesario el plebiscito, para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la terminación anticipada de funciones de las autoridades elegidas por esta entidad, la enmienda constitucional que estableció la reelección indefinida, entre otros puntos.
Roberto Gómez Alcívar, de CREO, plantea incluso una fórmula para evitar que allegados al gobierno de turno sean designados como nuevas autoridades de control o consejeros de un nuevo CPC: “Dentro de las restricciones (a los candidatos), por ejemplo, que no sean ni militantes ni funcionarios del gobierno, en los últimos 10 años; eso restringe mucho más la participación de las personas que pueden tener ya algún vicio de ilegitimidad”.
La legisladora Cristina Reyes, del PSC, confirma que la intención de los sectores opositores es lograr poner en la consulta popular las propuestas que hicieron en campaña, como las antes señaladas, cuyo objetivo, asegura, es lograr que las autoridades de control no sean aliadas del correísmo.
Para la asambleísta de Alianza PAIS Doris Soliz, lo de la consulta popular es una idea que está en el debate público, pero cree que el debate no está en los mecanismos sino en el contenido.
“Nosotros jamás auparemos ningún mecanismo, por democrático que pueda ser, para regresión de derechos o para privilegios de grupos particulares. Y esa es una postura clara. Nuestro norte es ese programa de gobierno, ese plan de desarrollo que nosotros hemos suscrito”, advirtió la legisladora de Alianza PAIS (AP).