Los proyectos se centrarán en mejoramiento de la infraestructura, talento humano y automatización del sistema de justicia.
Punto Noticias.- Una vez que trascurren los 15 días término que otorgó el pasado 7 de septiembre la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha para que el Gobierno transfiera los recursos para la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura (CJ) presentó a la mesa de trabajo que está a cargo de la construcción del Plan Maestro de Celeridad Procesal.
Según Wilman Terán, presidente de la Judicatura, los recursos que transfiera el Gobierno serán utilizados en 12 proyectos, los cuales se concentrarán en la mejora de la infraestructura, talento humano con lo suficientes jueces para atender los trámites judiciales y la automatización del servicio con equipos de audio y video.
La transferencia de recursos responde a una apelación a la acción de protección que le ganó Terán al Gobierno por un tema de vulneración de los derechos constitucionales de una tutela judicial efectiva. Ahora, le corresponderá al Ministerio de Economía disponer de esos recursos. Se habla de que son más de 250 millones de dólares.
El director general de la Judicatura, David Guzmán, mencionó que esos recursos están encaminados para atender el sistema judicial, el modelo de atención no revictimizante y de violencia, la justicia juvenil restaurativa, la cultura de paz, la renovación del parque automotor, el sistema de citaciones, el equipo mobiliario, así como los proyectos de arrastre que han generado nudos críticos y que por temas litigios han quedado pendientes de pago más de 44 millones de dólares.
También dijo que se requerirán recursos para gastos operacionales, bienes de capital, contratación de jueces y servidores judiciales, evaluación a servidores, concursos, pago de sentencias, automatización y transformación digital. Para todos estos puntos, el CJ necesita más de 500 millones de dólares hasta el 2025.
Nudos críticos
Guzmán añadió que existen a la par nudos críticos que deben ser examinados.
Señaló que se requieren recursos para atender a las unidades judiciales que podrían enfrentar consecuencias por la presencia del Fenómeno de El Niño, así como para brindar seguridad ante la ola de atentados del que han sido blanco algunas unidades judiciales. A ello, se suma la falta de recursos para la compra de material de oficina por lo menos hasta el 2025.
El director general manifestó que se necesitan más de 7 millones de dólares para la alerta amarilla por el Fenómeno de El Niño y está en espera el tema de la seguridad por el crimen organizado.
En esa línea, habló de atender a la matriz del CJ, así como a las direcciones provinciales de Azuay, Cotopaxi, Esmeraldas y Pastaza para la cobertura con 423 puestos de seguridad por 24 horas y de 322 puestos de seguridad por 12 horas. Para este plan, se necesitarían más de 27 millones de dólares.
Expuso que se requieren más de un millón 650 mil dólares para evacuar la carga procesal, principalmente, en provincias como Pichincha.
Cambios en la gestión
Una vez que Terán presentó a la mesa, tuvo que retirarse de la reunión debido a que fue convocado por la Fiscalía a una toma de versión. El titular de la Judicatura es investigado junto a otros vocales por el presunto delito de obstrucción de la justicia. Xavier Muñoz, lo reemplazó. Él también es investigado junto a la vocal Maribel Barreno en este caso.
Muñoz dijo que la Fiscalía activó su sistema de persecución política y que él es parte de un grupo de personas valientes destinadas a generar un cambio a través de la gestión que realizan.
Expresó que lo primero que hicieron es ir ante la justicia a reclamar al Gobierno lo que le corresponde atender y que van a luchar por un sistema de justicia eficiente.
Cuestionó a la Fiscalía que, según Muñoz, centraría su accionar en perseguir personas y no delitos. “No nos vamos a amilanar”, sostuvo.