Organizaciones de Derechos Humanos también rechazaron todo acto de odio racial y abusos de poder por parte de la fuerza pública.
Las Warmis.- El lunes, 29 de mayo, un medio de comunicación nacional transmitió en vivo un operativo de control efectuado por las Fuerzas Armadas en la terminal del Metro, en la Ofelia. Se observa como revisan los bolsos de las personas que se bajan del bus, después de solicitarles verbalmente que los abran; sin embargo cuando aparece un joven afroecuatoriano, cambian el procedimiento y lo someten por la fuerza.
Christopher Santacruz Rodríguez regresaba a su casa después de terminar sus clases en la Universidad Central. El joven caminaba por los pasillos de la terminal, con los audífonos puestos, cuando fue intervenido por los militares, quienes lo agarran del brazo, luego del cuello y lo arrinconan hacia un poste.
Santacruz narra que forcejeó intentando explicarles a los soldados que era estudiante y pidió ser tratado con respeto; le pidieron ver su mochila y respondió que podría mostrarla cuando le suelten del cuello.
Según Christopher, cuando entregó su bolsa para la revisión, un militar que tenía un pedazo de hierba en su mano, la quería meter en su maleta, por lo que, con su celular, intentó grabar el procedimiento, algo que también se intentó impedir. Al cabo de un momento, los cinco militares que lo rodean, le dejan ir sin levantar ningún indicio.
Organizaciones de Derechos Humanos también se pronunciaron, rechazando todo tipo de violencia con índole racial y los abusos de poder por parte de la fuerza pública.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) señala que actos, como los que vivió Christopher, Jimmy Ocles y Helen Congo en Quito; o el de Carlos Reyes, en Muisne, entre otros, evidencian los prejuicios raciales y el racismo estructural presentes en la sociedad ecuatoriana, cuyos efectos son visibles a través del abuso de poder por parte de la fuerza pública.
Señalan también que tanto militares como policías no han dejado de intervenir con mayor violencia las poblaciones de barrios marginalizados, afrodescendientes, indígenas y personas en situación de movilidad humana, basándose en su aspecto físico como único factor de sospecha.
La Alianza contra las Prisiones también emitió un comunicado, en el cual objetan el perfilamiento racista de la fuerza pública que pone en riesgo la vida de una población específica.
“La exhibición del poder racista que despliegan los militares contra Christopher es un abuso del poder punitivo. El video muestra lo natural que es para estos militares actuar en contra de la vida de una persona indefensa y que no ha hecho absolutamente nada para “alterar el orden”.
La concejala Joselyn Mayorga, presidenta de la Comisión de Igualdad, Género y DD.HH. del Concejo Metropolitano de Quito también rechazó el “perfilamiento racial que hacen la Policía Nacional y Las Fuerzas Armadas”. Es casi paranoico, sugirió, recordando que en días pasados en un control en el Centro Histórico, a los primeros que señalaron fue a jóvenes que practican skater con sus patinetas.
“Si bien es legítimo que pidamos paz y seguridad, hay que garantizar que estas medidas no sean racistas”, concluyó.
Frente a los hechos, Maritza Rodríguez, madre de Christopher, señaló que esperan que exista una disculpa pública “como reparación moral a mi hijo”, además están organizando una marcha de sensibilización. Afirma que los procedimientos para combatir la inseguridad no son los adecuados.
Considera que se está tratando de solucionar la inseguridad, pero afectando otras áreas.
“Los más afectados somos los afrodescendientes y en especial los jóvenes, porque hay una persecución bárbara hacia los jóvenes”.
En cuanto al medio de comunicación que emitió la información, señaló que están analizando acciones legales, porque a su hijo lo acusaron de delincuente y expendedor de drogas.
“Decir todo eso es fácil, pero estás afectando a una persona y a su familia”, señala Rodríguez.
Las Fuerzas Armadas no se han pronunciado sobre la denuncia realizada.
Medio de comunicación no garantiza el derecho a la réplica
El medio de comunicación que publicó un operativo militar, en el que se observa un procedimiento abusivo contra un estudiante afrodescendiente, no le ha permitido el derecho a la réplica, después de que aseveraron en señal nacional que el joven tenía un teléfono que “aparentemente” le pertenecía a otra persona.
Maritza Rodríguez, madre de Christopher, acompañó a su hijo al canal de televisión a solicitar una réplica o rectificación a la información proporcionada por el medio de comunicación, sin embargo no fueron recibidos y tampoco se tomó en cuenta su pedido.
“El día de ayer más bien volvieron a subir el video, donde lo hacen más lago y dicen que los señores militares estaban haciendo su trabajo, que nadie lo agredió y que actuaron de esa manera porque Christopher se había opuesto a la requisa, cosa que no es verdad”, dice Rodríguez.
Esto ocurre, a pesar de que la Constitución del Ecuador en su Art. 66 numeral 7, garantiza:
“El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medio s de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario”.
El medio de comunicación, durante más de 7 minutos de transmisión emitió criterios adelantados sobre el operativo y se señaló que los militares realizan un perfilamiento de posibles sospechosos para realizarles un cacheo.
También se dijo que las personas que presentan antecedentes no están de acuerdo con los operativos, pero que “los ciudadanos de bien” si los respaldan.
Por este motivo INREDH hizo un llamado a los medios de comunicación a comprometerse con su deber de informar con veracidad, y no ser parte de un discurso violento que desinforma y divide a la ciudadanía, perjudicando a poblaciones históricamente vulneradas.
La publicación del video en redes sociales ha generado una ola de comentarios racistas, en los que se le acusa al joven estudiante de delincuente, se agrede su aspecto físico y se adelantan juicios sobre su respuesta al operativo militar.
Rodríguez dijo que están analizando acciones legales, porque a su hijo lo acusaron de delincuente y expendedor de drogas. “Decir todo eso es fácil, pero estás afectando a una persona y a su familia”, sentenció.
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