La exfuncionaria junto con familiares y empresas habría obtenido contratos por aproximadamente USD 91,1 millones.
Punto Noticias.- Por el presunto delito de lavado de activos, María Sol Larrea, Marcelo E., Carlos E. y siete personas jurídicas fueron llamadas a juicio.
Tras analizar los elementos presentados durante la audiencia preparatoria de juicio, la Jueza acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio.
En su resolución, la Magistrada decidió mantener las medidas cautelares en contra de los procesados y en el caso particular de Larrea a más de la prisión preventiva tiene la prohibición de enajenar bienes y traspasar acciones.
Según la Fiscalía, Larrea junto con su esposo y cuñado (procesados) habrían obtenido contratos por aproximadamente USD 91,1 millones en el período 2008-2018, mientras que ella ocupó altos cargos públicos durante el período 2008-2015.
Larrea fue funcionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y por lo tanto la entidad se convirtió en el principal cliente de las compañías que habían constituido, así como las coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública.
Con esta fachada habrían colocado fondos en el sistema financiero nacional, dinero transferido entre las cuentas de las empresas procesadas, con las cuales se habría simulado la existencia de proveedores y clientes.
Entre 2008 y 2013, Larrea fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín y coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del IESS.
De 2013 a 2015 fue asesora de Despacho y coordinadora general de Planificación del Ministerio de Industrias y Productividad.
El artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de lavado de activos de uno a 13 años de prisión, dependiendo de los montos que hayan sido lavados, de si ha existido asociación para delinquir o de si el delito ha sido cometido utilizando empresas, instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos.
En este caso, la Procuraduría General del Estado presentó la acusación particular.
Fuente: Fiscalía, redes sociales