Los detalles de esta decisión los hará públicos la CONAIE este martes, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humano.
Punto Noticias. La dirigencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció la conformación de la Asociación de Víctimas del Paro Nacional.
Lo hizo a través de su red social Twitter, en la que convoca a los medios de comunicación a la cobertura de este anuncio oficial, que se llevará a cabo este martes 10 de diciembre, en la sede de la CONAIE.
La Asociación de Víctimas del Paro Nacional se denominará Inocencio Tucumbi, que es el nombre de uno de los dirigentes del movimiento indígena que fallecieron durante las protestas contra las medidas económicas del Gobierno de Lenín Moreno.
Según los dirigentes de la CONAIE la conformación de este colectivo se lo hará en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre.
Los detalles sobre la estructuración de la Asociación y sus alcances serán explicados este martes, dos meses después de la crisis social que provocaron las medidas económicas, como el incremento en los precios de los combustibles y el pasaje del transporte urbano, adoptados por el Ejecutivo.
Según la CONAIE, la fuerte represión policial y militar en contra de los manifestantes, principalmente indígenas, provocó la muerte de 11 personas, entre el 3 y 13 de octubre, antes que el régimen gubernamental derogue el decreto 883 y acuerde con el movimiento indígena conformar una mesa de trabajo.
Se convoca a los medios de comunicación a una rueda de prensa para anunciar oficialmente, en el marco del Día de los #DerechosHumanos la conformación de la Asociación de Víctimas del Paro Nacional "Inocencio Tucumbi" y las acciones emprendidas.
10 diciembre
Sede CONAIE
10:00 pic.twitter.com/XWpDiGUNnf— CONAIE (@CONAIE_Ecuador) December 9, 2019
Los sucesos ocurridos durante el paro de octubre son investigados en varios frentes. Dos de ellos son internacionales, con la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La Asamblea Nacional, conformó una comisión ocasional para investigar los acontecimientos, cuyo informe está por presentarse ante el Pleno. La Defensoría del Pueblo creó una comisión técnica que indaga el rol de la fuerza pública en la contención de las manifestaciones, con el fin de determinar si hubo o no exceso en el uso progresivo de la fuerza.
La Fiscalía General del Estado, de oficio, entró a investigar presuntos delitos relacionados con las protestas de octubre. En este marco ordenó el allanamiento de los domicilios de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, Christian González, Virgilio Hernández, dirigentes de la Revolución Ciudadana, quienes se encuentran privados de su libertad, acusados del delito de rebelión.