¿Por qué en lugar de fortalecer servicios en las casas de acogida existentes, se quiere rehacer lo realizado con los Centros Violeta? cuestionó.
Geraldina Guerra Garcés, representante de la Red Nacional de Casas de Acogida, destacó la necesidad de que el Gobierno pase de las palabras a políticas públicas concretas en favor de las mujeres, más aún cuando se conoce que el 2021 fue el año más violento con 186 femicidios registrados: “Hay que asignar presupuestos necesarios y eficientes”.
Informó que a última hora del martes 4 de enero, representantes de la secretaría de Derechos Humanos convocaron a una reunión a los 22 servicios de atención de víctimas a fin de llegar a un acuerdo para no dejar en la indefensión a las víctimas, para ello se comprometieron en firmar un convenio temporal y en abril uno definitivo respecto al presupuesto del 2022.
“Sin embargo exhortamos a Bernarda Ordóñez a que converse directamente con las organizaciones, ella no estuvo presente ayer. Se necesita ampliar servicios en zonas rurales, en Pichincha, se necesitan servicios en noroccidente, en la Amazonía, en Los Ríos, se vengan a fortalecer servicios donde no existen”.
Reprochó que a los Centros se los tenga como pelota de pin pon, pasando de una Institución a otra, ya que primero estuvieron a cargo del MIES, luego del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y ahora a la Secretaría de DDHH: “El Estado no asume su rol garantista de derechos”.
Criticó cómo se puede hablar de Centros Violeta que quieren rehacer todo lo avanzado, si ni siquiera se busca fortalecer las casas que actualmente existen, si bien saludó la posibilidad de abrir más espacios de protección en donde no existen, también cuestionó por qué no se asigna un mejor presupuesto a lo que se tiene, pues apenas se destinan USD 2 millones para 22 servicios de atención.
Mencionó que el garantizar la entrega de dos millones de dólares para este año, no es algo nuevo, pues se lo viene haciendo desde hace diez años y cubre entre el 40% y 60% de servicios de una casa de acogida: “Cubren siete profesionales, un equipo psicosocial, abogada, coordinadora, dos facilitadoras y pedagoga para niños y niñas, además de algo de alimentación que son 2 dólares por día, pero nosotros ofrecemos cinco comidas diarias (…) servicios básicos, manteamiento de infraestructura, conexión a internet, temas de seguridad en época de pandemia, equipos de oficina, implementos de vestido o implementos escolares nada de eso cubre, todo es por gestión”
Con este antecedente puntualizó que la Casa Amiga de Sucumbíos decidió cerrar y la Casa de Orellana está evaluando si se mantiene un poco más: “Porque lo que nos han dicho es que se hará concurso público para dar presupuesto desde abril pero hasta ello se deben hacer contratos a personal”.