Espera que el juez Jhaya dicte auto de sobreseimiento a favor de su defendida.
Punto Noticias. El presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, declaró la validez de todo lo actuado por parte de la Fiscalía, durante la etapa de instrucción fiscal, del proceso penal que investiga el delito de peculado en el Municipio de Quito. Asimismo, desecho la existencia de vicios de nulidad planteados por las defensas de varios de los procesados. Sostuvo que los argumentos expuestos no son causales de nulidad.
María del Mar Gallegos, abogada de Linda Guamán, procesada en esta causa, presentó tres alegatos de nulidad, entre ellos que dos peritajes solicitados dentro del tiempo de la instrucción fiscal no fueron despachados sino hasta el 18 de marzo que se cerró esta etapa. A decir de la jurista, el perito antropólogo era fundamenta para esta defensa, para determinar que las pruebas de COVID-19 compradas por la Alcaldía eran válidas para bajar y prevenir los casos de contagio.
Considera que la Fiscalía, al no facilitar el peritaje, dejó a su defendida en indefensión. Contó que solicitó también, con fecha 26 de febrero, que se pasen todas las sesiones del Concejo Metropolitano, pero fue respondida por Criminalística, el 18 de marzo, al cierre de la instrucción, a las 16h14, que tomará mucho tiempo, porque son más de 66.000 minutos, que solo tiene seis peritos, y se acerquen las partes a señalar el segmento que quieren que se transcriba o materialice. Cuestionó que se haya esperado más de un mes para responder a su pedido.
Comentó que la defensa de Ximena Abarca, secretaria de Salud del Municipio, también presentó sus alegatos de nulidad, debido a que considera que los allanamientos no fueron debidamente motivados.
Una vez desechados los pedidos de nulidad, Gallegos explicó que en la siguiente etapa del proceso alegará que no existen los elementos de convicción suficientes para señalar que las pruebas son ‘chimbas’.
A su criterio, en la adquisición de las pruebas se cumplió con el objeto del contrato. Respecto a su defendida, subrayó que todo este proceso de compra ocurrió antes de que Guamán ingrese al Municipio. El contrato fue adjudicado el 16 de abril y ella entró el 16 de junio, aseguró.
Si las pruebas tenían sensibilidad o no, la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), que es la única autoridad competente para emitir el registro sanitario y valida los documentos, ha dicho que las pruebas cumplen con lo requerido, que son PCR, dijo la abogada.
En su opinión, las pruebas adquiridas por la Alcaldía (PRC del tipo LAMP) son mejores que las PCR comúnmente conocidas, porque son más rápidas.
Todos estos elementos serán presentados, de manera más profunda y técnica, para dotar al juez de los elementos suficientes para que no acepte llamar a juicio a personas inocentes, como Linda Guamán, y, al contrario, dicte un auto de sobreseimiento, apuntó Gallegos.