Según el abogado de Hernández, no existe ningún reporte de la UAFE que exhiba una operación inusual o injustificada sobre lavado de activos. Además, añadió que la amistad de su cliente con Diana Salazar se da cuando, la ahora fiscal, laboraba en la UAFE.
Punto Noticias.- Para Alfonso Zambrano, representante legal de la abogada Bibian Hernández, procesada por el presunto delito de lavado de activos, en el Caso Amistad, no hay nada sólido en contra de su cliente.
Dijo que Hernández no se dedica a litigar, sino a hacer asesorías y que por eso realiza contratos por los que factura y tributa.
En ese sentido, Zambrano señaló que el origen de este proceso es inequívoco y representa una persecución personal.
El abogado manifestó que su cliente conoce a muchas personas a las que ha ayudado, entre ellas al periodista Carlos Vera.
A Vera le habría dado una oficina para que realice su programa. Sin embargo, Zambrano dijo que ahora el periodista actúa de manera desleal y afirmaría no tener ninguna relación de amistad.
De igual manera, estaría actuando la fiscal general del Estado, Diana Salazar. De la fiscal, Zambrano reiteró que era amiga de su defendida desde la época en que la funcionaria estuvo en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Si bien reconoció que la fiscal Salazar niega la amistad y trató a Hernández como procesada cuando aún era investigada, acotó que no ha salido desmentir que sí se reunió con su cliente para pedirle que frene el trámite de juicio político en su contra.
Para llegar a octubre del 2023 que se dio esa reunión solicitada por la fiscal Salazar, comentó que desde el 2022 la Fiscalía inició una investigación en contra de Hernández.
La fiscal Salazar, Hernández y un abogado de esta última se reunieron de manera reservada en el domicilio de un abogado, en Quito.
En ese encuentro, la fiscal Salazar quiso que Hernández intervenga para el tema del juicio político en su contra, debido a que Hernández tendría una antigua amistad con el expresidente Rafael Correa.
Zambrano contó que, en algún momento, Correa le apoyó a su cliente para que deje de ser víctima de persecución como lo es ahora.
“Hay amistad sí, pero ella (Hernández) no es operadora política ni económica ni de la Asamblea”, exclamó.
Agregó que cuando la fiscal Salazar le dijo que hable con Correa, su cliente le habría mencionado que no estaba a su alcance y, enseguida, la fiscal le señala que en su caso no hay nada y se despide de la reunión que tuvo testigos.
El rol de la UAFE
Al ser un caso de presunto lavado de activos, la Fiscalía mencionó un informe de la UAFE, en el cual se basó su investigación contra Hernández.
Bajo esas circunstancias, Zambrano comentó que no existe ningún reporte de la entidad en el que se exhiba una operación inusual o injustificada. Por lo tanto, lo que hay es una sospecha de que algo debería ser aclarado.
De igual manera, dijo desconocer sobre las propiedades de su cliente, pero afirmó que todo lo que tiene es de origen lícito y que por lo tanto no hay lavado de activos.
El operativo
Para llegar a Bibian Hernández, la Fiscalía efectuó un operativo en el que no se allanó el domicilio de la investigada, sino el de su mamá. El hecho se registró en octubre del 2023 y para enero del 2024 se allanaron las oficinas de la ahora procesada.
Zambrano insistió en que es una persecución porque no solo la Fiscalía se fue contra ella, sino contra su mamá y su hermana, una ginecóloga cuyo trabajo es reconocido. El abogado señaló que también representa a la mamá de Hernández y a su hermana.
El representante legal de las tres mujeres indicó que también se quiso forjar algo en contra de la hermana de Bibian Hernández, a través de la UAFE. Sin embargo, consideró que al estar la entidad en manos de quien considerada una persona correcta no se forjaron informes.
Finalmente, sostuvo que no hay que mezclar lo político con lo jurídico y en el caso de Hernández manifestó que también fueron vinculadas dos empresas que pertenecerían a su cliente, las cuales jamás han sido convocadas para defenderse en el proceso.
Aclaró que si no se toma en cuenta la defensa de las dos personas jurídicas ( Asesoramiento Global Integral Abogados y Global Strategy Law) es posible que el proceso se anule.
También ordenó la retención de las cuentas de Hernández y de las dos personas jurídicas investigadas por un monto de 18’051.967 dólares; y la prohibición de enajenar automotores.