Hay que mejorar el sistema de justicia, fortalecer la estructura de servicio, depurar a los malos elementos y capacitar a los buenos elementos, agregó.
Heidy Borja, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados – Núcleo Guayas, destacó que desplazar la culpa a los jueces por la inseguridad, demuestra que el Gobierno no tiene una política clara sobre el tema. Se debería brindar presupuesto y protección a magistrados y fiscales, sobre todo a quienes laboran en la zona 8.
“Hay que mejorar el sistema de justicia, fortalecer la estructura de servicio, depurar a los malos elementos y capacitar a los buenos”.
También rechazó que no exista un sistema de protección de jueces. Incluso ejemplificó con su caso, pues fue amenazada y recibió custodia después de dos semanas de la solicitud. «A las otras personas que tienen situaciones riesgosas no les dan la debida protección, entonces ¿Qué van a hacer?”
Sí existe un sistema de control
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados reconoció que sí puede haber funcionarios que caigan en actos irregulares ya sea por ambición o amenaza. Sin embargo subrayó que para ello existe un sistema de inteligencia, disciplinario o la Contraloría. Es decir todo un aparataje para detectar a quienes actúan de manera incorrecta.
Se refirió al caso de la jueza Dirce Guzmán quien dispuso la libertad de uno de los líderes de Los Choneros, Junior Roldán, y aclaro que fue el Fiscal a cargo quien se abstuvo de acusar por considerar que no tenía los elementos necesarios, de ahí que el dictamen fue el sobreseimiento.
“Si el Estado hubiese querido, habría presentado una acusación particular para que se examine la decisión del Fiscal, tomando en consideración que es un caso de seguridad pública. Pero no lo hizo”.
En entrevista con Teleamazonas, aclaró que como Asociación no están para respaldar actos de corrupción ni para justificar ilegalidades, sino que su objetivo es evidenciar la realidad en la que trabaja la administración de justicia.
“Cinco jueces no pueden inferir en el trabajo de 126 a nivel nacional”.
Por eso, lamentó que el régimen de Guillermo Lasso no reconozca la labor que se realiza en el sistema judicial y mencionó que en este 2023 se han tramitado 594 causas y se han conseguido 234 actos urgentes. “Nosotros sí trabajamos a pesar de que laboramos en condiciones adversas e inseguras (…) no puede generalizarse el proceder de todos los jueces”.