Son escasos los días que Michel Temer puede dormir tranquilo. Nuevamente, el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, lo denunció penalmente por obstrucción a la justicia y asociación ilícita en una causa de desvío de fondos públicos y privados que involucran unos 150 millones de dólares.
Podría ser suspendido de su cargo de presidente, si la Cámara de Diputados diera a lugar a la denuncia para que pueda ser investigado. Anteriormente, los diputados prefirieron mantenerlo en el cargo, contraviniendo el sentido común. ¿Podrán otra vez los operadores legislativos del presidente comprar la impunidad?
En un comunicado, el arribista Temer rechazó las acusaciones y cargó contra el fiscal Janot, de quien dijo que “prosigue su marcha irresponsable para encubrir sus propias fallas” y aseguró que la denuncia “está llena de absurdos”.
Lo curioso es que Janot termina su mandato el próximo domingo y antes de que se cumpiera su plazo decidió presentar esta denuncia que involucra a todos los principales cargos del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).
Junto con Temer, fueron denunciados el jefe de gabinete, Eliseu Padilha; el secretario de la presidencia, Wellington Moreira Franco, y dos expresidentes de la Cámara de Diputados actualmente detenidos, Eduardo Cunha y Henrique Eduardo Alves. Otro denunciado que también ya está detenido es el exministro de gobierno, Geddel Vieira Lima, a quien hace pocos días se le encontró en una propiedad suya bolsos y cajas de cartón llenas con 16 millones de dólares.
Temer es acusado de actuar como jefe de la organización delictiva desde mayo de 2016, cuando asumió en forma interina la presidencia tras la suspensión de Dilma Rousseff. Según Janot, desde que el PMDB acordó su participación en el gobierno de Lula Da Silva en 2006 que vienen cometiendo delitos en empresas públicas.