La movilización se realizó luego de presentar en la Fiscalía General una denuncia contra el Estado ecuatoriano por violaciones a los derechos humanos durante los 11 días de protestas en 2019
Punto Noticias. Al grito de «octubre vive, la lucha sigue», familiares de personas heridas y fallecidas durante el paro nacional de 2019 realizaron un recorrido por las calles donde, hace un año, hubo “una brutal represión policial” a la protesta ciudadana.
El gas lacrimógeno inundaba las calles alrededor de la Asamblea Nacional. Se respiraba violencia. Del otro lado de las barricadas improvisadas, los manifestantes resistencia la represión.
Hace un año, las calles aledañas a lo que hoy se conoce como el “Parque de la Resistencia” (El Arbolito) fueron el escenario de una de las manifestaciones más intensas de la historia reciente del país. Ellos -indígenas, estudiantes, maestros, trabajadores- pedían la derogatoria del Decreto 883, que eliminaba los subsidios de los combustibles en el país.
Fueron 11 días de protestas que dejaron miles de heridos y fallecidos que permitieron al derogatoria de este documento.
Hoy, 12 de octubre de 2020, los familiares de los heridos y fallecidos recorrieron esas mismas calles. Ya no se respira gas, ni se escucha el temido ruido de un carro antimotines. Pero se mantiene el ambiente de resistencia y lucha.
“Octubre vive, la lucha sigue”, exclaman.
Cargan las fotos de sus muertos, de sus heridos. La gente los acompaña y se unen a este recorrido simbólico de reivindicación de la lucha social en el país. La marcha se hizo luego de que la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador (CONAIE), junto a la Asociación de Víctimas del Paro Nacional “Inocencio Tucumbi”, presentará una demanda contra el Estado ecuatoriano por delitos de lesa humanidad y violación de los derechos humanos.
Mientras ellos -indígenas, estudiantes, maestros, trabajadores- atraviesan un duelo individual, que se convirtió en un luto colectivo, desde el Gobierno también recuerdan este suceso, pero lo califican de un golpe a la democracia y defienden que la actuación de la Policía Nacional, dirigida por María Paula Romo, ministra de Gobierno, fue para “mantener en pie la democracia”.