Su caso es de injerencia política, así nació y hasta hoy no han tenido pruebas para inculparlo, agregó.
Carlos Soria, abogado de Ola Bini, señaló que su defendido ha sido víctima durante más de dos años a una persecución violenta, además de ser sujeto a 120 violaciones al debido proceso, lo cual ha sido reconocido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, ente que ha expresado su preocupación en este caso.
Manifestó que más de 100 organizaciones nacionales e internacionales han estado vigilantes al proceso y ninguna tiene explicación del por qué Bini está secuestrado por el Estado, ya que desde el 11 de abril de 2019 estuvo preso por 70 días, ahora tiene que presentarse cada viernes en la Fiscalía, además de estar imposibilitado de mover el dinero en su cuenta o salir del Ecuador.
“Ni siquiera hasta hoy tenemos por parte de la jueza una fecha para que se instale la audiencia preparatoria de juicio que empezó en diciembre, que se suspendió por cinco ocasiones”.
El abogado denunció que la jueza a cargo del caso se ha ido contra cualquier tipo de argumento jurídico pues ha solicitado al Consejo de la Judicatura una certificación sobre los peritos que la defensa pidió no sean tomados en cuenta porque no estaban acreditados: “No sabemos para qué, presumimos que es para salvar a los peritos, pero eso no le compete a la jueza”.
Soria reiteró que este caso es de injerencia política pues en primero se acusó a Ola de un hacker terrorista que supuestamente hizo actividades de desestabilización, luego cambiaron el delito a ataques de sistemas informáticos y tampoco presentaron pruebas, hasta llegar al proceso actual que enfrenta por acceso no consentido: “El cual tampoco tiene pies ni cabeza”.
Con esa base indicó que no sorprende que el ente rector a nivel interamericano este poniendo el ojo al caso porque no hay una tutela adecuada: “Eso avizora grandes sanciones al Ecuador por ser violador a los DDHH”.