Los dirigentes indígenas exhortan a que se presenten pruebas si los amnistiados son delincuentes.
Punto Noticias.- Para el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, las amnistías otorgadas a 268 personas, entre ellas defensores del agua, la naturaleza y luchadores sociales que tenían procesos judiciales pendientes, fueron concedidas con legitimidad y en el marco del respeto a los derechos humanos.
Los dirigentes de la organización política señalaron que muchos líderes indígenas fueron acusados de secuestro, cuando ni siquiera hubo una sentencia en firme por el lado de la justicia ordinaria que así lo señale.
Agradecieron a la Asamblea Nacional por haber concedido las amnistías y haber trabajado en ellas con otras tiendas políticas como UNES.
Comentaron que lo que sucedió en octubre de 2019 en la Casa de la Cultura fue un acuerdo con los periodistas para que se difunda la información tal como se desarrollaba y no existan malas interpretaciones, pero que lamentablemente eso fue calificado como secuestro cuando no fue así.
Dijeron que el secuestro en el Código Orgánico Integral Penal (Coip) tiene otra connotación y que cuando hay un secuestro generalmente se pide dinero por alguien y eso no sucedió.
Asimismo, aclararon cuál fue la situación en un caso con una Cooperativa de Ahorro y Crédito, en el que simplemente los socios reclamaron su dinero a los representantes.
Señalaron que la justicia ordinaria tramitó el caso como secuestro, pero en la justicia indígena simplemente se pidió que se cumpla con los socios.
El coordinador del movimiento Pachakutik, Marlon Santi, sostuvo que las amnistías no se dieron así porque sí y añadió que en la Casa de la Cultura hubo interferencias de Inteligencia.
Precisó que no se detuvo a nadie y que más bien se hicieron recomendaciones a la prensa para que saque la verdad de lo que sucedía en octubre de 2019.
El legislador Salvador Quishpe fue más allá y mencionó que la Asamblea no ha dado amnistías a secuestradores o traficantes de tierras como algunas voces señalan.
Quishpe expresó que es fácil calificar de secuestrador porque esa información es de interés para el Gobierno, pero que otra cosa es sujetarse a lo que diga el sistema judicial en la última instancia.
Ante este hecho exhortó a que se demuestre con pruebas que los amnistiados son secuestradores o delincuentes.
Añadió que se está en un momento de querer descalificar a la Asamblea Nacional porque simplemente no está al servicio de la oligarquía de Quito, sino del pueblo.
Mientras, Santi aclaró que para el tema de las amnistías se mantuvo un contacto con otras organizaciones políticas como UNES, que ahora se sienten perseguidos.
“Los poderes son momentáneos y pasajeros. Todos los Gobiernos persiguen a luchadores sociales, pero deben tomar en cuenta que ellos son sujetos y ciudadanos que deben seguir las reglas”, exclamó.
El dirigente de Pachakutik mencionó que cada una de las amnistías concedidas fue analizada de forma individualizada, en el marco del cumplimiento a los derechos humanos.