Tanto asambleístas de oposición como del oficialismo están de acuerdo con el decreto ejecutivo de austeridad emitido por el Presidente de la Republica, Lenín Moreno, que apunta a la reducción (en 10%) de las remuneraciones de los servidores públicos del jerárquico superior y a optimizar gastos operativos de las instituciones públicas.
Sin embargo, a criterio del legislador Luis Fernando Torres, del PSC, el decreto tendrá más impacto emocional que económico, porque este último será mínimo.
Explica Torres que deberá ser el CAL el que reglamente la forma de aplicación en la legislatura del decreto presidencial.
El parlamentario del oficialismo Homero Yunda coincide en que esta medida del Ejecutivo tendrá un impacto económico reducido, por lo que propone que el mandatario plantee, en la consulta popular, la reducción del número de asambleístas, de 137 a 38.
“Como por ejemplo, un asambleísta por provincia, un asambleísta por cada 500 mil habitantes. No sé si el pueblo ecuatoriano lo sepa, en papel higiénico hemos gastado más de 200 mil dólares”, apuntó Yunda.
Hay otras voces de legisladores, como la de Ximena Peña de AP, que consideran que el decreto ejecutivo de austeridad no alcanza a la Asamblea Nacional puesto que es una entidad autónoma.
El decreto de austeridad no aplica a los directores y gerentes de hospitales, unidades de salud, director 4 y miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito.