En un comunicado público, las autoridades de las universidades privadas acusan al SRI de poner en movimiento su maquinaria e iniciar varios procesos de determinación tributaria que buscan extraer millonarias sumas de esas instituciones y desprestigiarlas mediante el desconocimiento abierto de las normas que rigen a las instituciones de educación superior y de perseguir a estas, con el fin político de tapar el escándalo de corrupción en Petroecuador.
Claramente disgustado, el director general del SRI, Leonardo Orlando, rechazó estas inculpaciones y señaló que la administración tributaria intervino porque descubrió que los directivos de seis universidades tienen empresas offshore en paraísos fiscales, suscriben contratos con grupos y empresas vinculadas a las universidades de propiedad de sus familiares, compran facturas ilegales de empresas fantasmas, entre otras acciones irregulares.
“Si tienen el lucro a través de las universidades, por lo menos paguen impuestos. Por qué utilizan estas tramas, estas estratagemas, de utilizar empresas fantasmas para afectar las utilidades de los trabajadores y los impuestos que corresponden, disminuyendo el pago del IVA y del Impuesto a la Renta”, apuntó.
Estos señalamientos los hizo en el marco de su comparecencia en la Comisión Legislativa de Educación, en donde declaró que los pronunciamientos de los representantes de las universidades privadas no detendrán el trabajo del SRI y que estas entidades deberán responder ante los tribunales judiciales y administrativos.
El presidente de la mesa parlamentaria, Augusto Espinosa, expresó su preocupación por la información entregada por el director del SRI. Espera que se esclarezca las denuncias realizadas.
El director general del SRI evitó dar los nombres de las universidades involucradas en estos hechos, para no politizar el asunto, según dijo.