Enrique Peña Nieto sabrá quién es su sucesor en menos de diez días, sin embargo, antes de abandonar la presidencia quiere realizar las tareas que le encomendaron las grandes empresas transnacionales.
A través de una serie de decretos, EPN eliminó las limitaciones que existían para la explotación comercial de las cuencas hidrológicas del país. El agua quedó en manos de mineras, petroleras, refresqueras y petroleras, entre otras.
Si bien la Comisión Nacional del Agua niega que se otorgan beneficios a particulares y que los decretos buscan preservar el medio ambiente y el agua para el consumo humano, la realidad es bien distinta.
Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) consultados por SinEmbargo coincidieron en que eliminando las vedas, se elimina un mecanismo de protección del agua y se facilita la privatización.
“La figura de la veda protege a los acuíferos de la sobreexplotación […] Nos quieren dorar la píldora como si fuera algo favorable a la ecología, cuando más bien lo que hace es dejar vulnerable al país a una profundización de la dinámica de privatización que ya se ha venido dando”, afirmó el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM.
Barragán aseguró además que lo que está el gobierno es lo que le exigían las empresas que querían tener acceso asegurado al líquido elemento. Otro académico, Constantino Toto afirma que “detrás de una decisión aparentemente técnica y neutra, como esta, se violan preceptos constitucionales de derechos humanos. Asimismo, existen implicaciones económicas importantes e implicaciones de despojo”.
“El país no requiere un ingrediente adicional de tensión social como éste. Me da la impresión de que se hace en el último momento para que los costos que implique una decisión tan poco popular recaiga en la próxima administración”, vaticinó Constantino Toto.
Toto también considera que Peña Nieto realiza estas modificaciones al final de su mandato para que el costo político de la tensión que se levantará en todo el país lo pague la próxima administración.
Un grupo de especialistas llama a exigir que haya participación ciudadana en la toma de decisiones de un tema tan sensible para toda la población.