La OCP asegura que contrataron más de 1.500 personas en las zonas afectadas para realizar la remediación ambiental.
Punto Noticias.- Jaime Oña, Juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Francisco de Orellana habría negado la demanda constitucional presentada por organizaciones sociales y comunidades indígenas contra el Estado ecuatoriano. Esta pedido fue a causa de las afectaciones por el derrame de petróleo hace cinco meses en Orellana y Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana.
Los voceros de las organizaciones indicaron el pasado martes 1 de septiembre, quienes apoyaron la denuncia presentada el 29 de abril, que el juez Oña señalo que “la sola afirmación de que se está produciendo una violación a sus derechos (de las comunidades afectadas) no es suficiente elemento para el acceso a la vía constitucional”. Esta audiencia fue reinstalada el 1 de septiembre de forma virtual.
El sustento de su demanda consistió en los testimonios de los representantes de las 105 comunidades afectadas quienes conformaron un Tribunal Ético Popular que estuvo en la audiencia.
De su lado, la empresa OCP Ecuador continuó ejecutando los trabajos de reparación integral en las comunidades alcanzadas por el derrame de crudo en Orellana y Sucumbíos, según la decisión del Juez. Esta entidad, a partir del desastre ambiental, manifiesta que trabajan en la limpieza, remediación y atención a las comunidades afectadas.
“Actualmente nos encontramos ejecutando labores de verificación de remediación y continuaremos hasta terminarla como ha sido nuestro compromiso desde el inicio”, dice el presidente ejecutivo de OCP Ecuador, Andrés Mendizábal, en un comunicado.
Tanto la OCP Ecuador como Petroecuador indican que entre las acciones realizadas tras el derrame está la distribución de 1.719.696 litros de agua y 25.888 kits de alimentos. Además se ha realizado chequeos médicos con brigadas a 5.211 personas.
Los fuertes torrenciales en la zona de la cascada de San Rafael causaron un socavón que provocó la erosión regresiva del cauce del río Coca. Lo que ocasionó la rotura de tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del poliducto Shushufindi-Quito. Lamentablemente el crudo derramado llegó hasta los ríos Coca y Napo.
A renglón seguido en ese mes, los organismos de defensa de los derechos humanos, organizaciones indígenas y religiosas de la Amazonía avalaron una acción de protección contra el Estado por afectar a casi 120 000 habitantes de las provincias mencionadas. Este pedido tuvo el apoyo de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y los Vicariatos de Orellana. Incluso participaron habitantes y dirigentes de 105 comunidades.
Fuente: El Comercio