Hasta hoy Fiscalía no ha abierto ninguna indagación previa pese a que son centenas de personas las que han muerto por masacre carcelaria, criticó.
Alexandra Zumárraga, exdirectora de Rehabilitación Social, destacó que la masacre ocurrida en el Centro Penitenciario de Santo Domingo los Tsáchilas era algo conocido incluso por los familiares de los privados de libertad, por lo que Inteligencia Policial también debió estar al tanto y pese a ello no hicieron nada para prevenir, como todas las veces anteriores.
Aseveró que con todas la masacres registradas entre el periodo de Lenín Moreno y Guillermo Lasso son más de 400 fallecidos, aunque incluso esa cifra puede ser incierta ya que el Estado puede maquillar cifras debido a que algunos detenidos no tienen registro de identidad y ni siquiera cédula, no se conoce la identidad.
“La anterior masacre dijeron que hubo 40 fallecidos y eso no es así, hubo pilares de gente masacradas, era mucho más, pero ya estamos acostumbrado a las mentiras estatales”.
Cuestionó cómo es que después de la masacre las autoridades dan detalles de los responsables con punto y coma, se mueven y hacen traslados, pero no se realiza ninguna acción para prevenir pese a que el armamento que tienen los privados de libertad no se pueden ocultar, pues se trata de fusiles, granadas, R7-R15: “Están armados más que las FFAA y a la Policía parece que no le importa, porque ya no se puede hablar de complicidad sino de autores y parece que el Gobierno desea que pasen estas muertes”.
Insistió que una masacre no puede existir sin la complicidad de las autoridades.
“No pueden ingresar armas con una visita, sino es por los filtros y la puerta grande y no pasa sin la anuencia de las autoridades. No es una, ni dos, son decenas de fusiles, granadas, R7-R15”.
Puntualizó que efectivamente dentro de los centros hay redes de corrupción que van desde el guía penitenciario hasta el director, donde se venden pabellones dependiendo el tamaño y el confort, asimismo un colchón en $30, una cobija en $10: “Todo dentro de la cárcel es pagado, si alguien quiero salir del pabellón al policlínico debe pagarle al guía, todo tiene precio y no solo se empobrece el privado de libertad sino la familia”.
Aseveró que pese a la gravedad de la situación no hay una sola indagación previa por parte de la Fiscalía a directores o exdirectores del SNAI: “Aquí no se mueres perros sino seres humanos en decenas y centenas”.
Para Zumárraga el Estado terminará pagando en instancias internacionales lo que hoy no investiga por oficio.