Gina Benavides exdefensora del Pueblo, por el día internacional del Migrante y Derechos Humanos, da declaraciones en torno a la migración y los refugiados, sus derechos y como el Estado atendió a este sector social.
Punto Noticias.- En exclusiva la experta conversa con Pichincha Universal, indica que frente a 68.608 personas que se encuentran en el país en calidad de refugiados y miles de migrantes que han llegado al país, según el Canciller de la República.
La pregunta sería si ¿esa cantidad corresponde a todas las personas refugiadas del país? ¿incluidas las personas venezolanas en la política migratoria ecuatoriana?. Dentro de la accesibilidad, ¿se ha realizado los trámites de petición de refugio de personas venezolanas y colombianas?, interroga Benavides.
La exfuncionaria de derechos humanos en Ecuador, afirma que la formación de la humanidad va de la mano con la capacidad que tienen los seres humanos de viajar libremente por el mundo, para crear nuevos espacios, ciudades y territorios. Pero al momento que deben migrar de manera forzada estos lugares se vuelven como espacios en disputa.
Según la experta, “cuando son procesos forzados por situaciones políticas, económicas, sociales o culturales ahí tenemos la necesidad de proteger los derechos”. En estas condiciones la gente está expuesta a mayor vulnerabilidad, ya que son situaciones inesperadas, no planificadas.
Ecuador tiene una larga tradición de apertura al tema de refugio, insiste Benavides, se recibió a refugiados chilenos y del cono sur, huyendo de procesos dictatoriales y de persecución política hace mucho tiempo, subraya.
También, ha existido una gran cantidad de migrantes colombianos que encabezan el grupo de refugiados en el país, debido al conflicto armado interno que a pesar de los procesos de paz aún no se logra canalizar esta situación, esto lo puede verificar ACNUR, o cualquier organización dedicada al tema de refugiados, indica.
También se evidencia una fuerte migración de venezolanos, en este caso hay algunas discusiones para determinar si lo hacen por situaciones políticas o económicas.
Pero si bien el Estado ecuatoriano se ha enfocado en esta población según varios analistas se han dado aspectos regresivos en derechos. Para personas de Venezuela están en un proceso de migración forzada, por la crisis política, económica y social que vive este país. Este es el mayor proceso de migración que se ha registrado en América Latina, revela Benavides.
“Nuestro Estado cuenta con una Constitución con estándares que está por encima de cualquier otro Estado en el tema de protección de derechos, tenemos una Constitución garantista que ha determinado el derecho a migrar, ha reconocido el derecho al refugio como derecho, no todas las constituciones de los países lo tienen”, certifica la experta en derechos humanos.
“Lo importante es el reto de cómo construir ciudadanía universal, ciudadanía latinoamericana y caribeña, en la práctica”. Cuando se empezó a restringir su llegada mediante exigencias de pasaporte, cedula apostillada, pasado judicial, etc., aquello obligaba a optar vías irregulares de ingreso, generando situaciones de mayor vulnerabilidad.
La accesibilidad a la regularización evita que las personas caigan en redes de explotación laboral, sexual o de otra índole. Esto le conviene al Estado ecuatoriano y le permite establecer mejores políticas públicas.
Si el Gobierno abre un proceso de regularización a través de un censo y emisión de visas para las personas que ya estaban en situación irregular. Se debería investigar cuales son los problemas operativos que tienen en la atención a la población migrante y lo solucione.
Las acciones de protección en zona de frontera para frenar los procesos de deportación de facto, esto se daba en Tulcán, o sea cuando las personas entren a territorio ecuatoriano, deben entrar a un proceso de regularización y no devueltas (deportación de facto).
El fallo de la Corte Constitucional que intrínsecamente está indicando de cómo deben orientar sus políticas y sus prácticas en materia administrativa. En el fallo indica que la detención por condiciones migratorias no cabe lo que está prohibido por la Constitución, que cuando haya que hacerlo debe ser de último ratio y se establezca normas y estándares internacionales de respeto a la población migrante y que las deportaciones se den en debido proceso, subraya la especialista.
Esto ayudaría a una política más integral, respetuosa a los derechos humanos y garantice los niveles de convivencia básicos que necesitamos en la sociedad ecuatoriana, fortaleciendo la política migratoria de manera más integral, que garantice niveles de convivencia básicos que necesita la sociedad ecuatoriana. Lo importante es no establecer procesos de exclusión ni xenofobia, sino encuentros de culturas con necesidades y derechos como personas.
“A nivel institucional el cambio del Ministerio de Justicia a Secretaría de Derechos Humanos, de esta manera se ha debilitado esa política, sobre todo por las competencias que tenía el Ministerio, como el tema carcelario, lo cual era un acumulado que estalló en esta crisis carcelaria, lo que confirma que la rehabilitación social en Ecuador es un mito”, indica Benavides.
En caer en los estados de excepción como política inmediata no tiene mucho sentido lo cual debería ir seguido de un proceso de rendición de cuentas para saber si cumplió los objetivos ese esquema, como en las cárceles o en los hechos de octubre, que vinculados con las políticas económicas dieron como resultado el estallido social, analiza.
“Las deudas pendientes que quedan para el próximo año son el ajuste económico y los derechos humanos, es un debate necesario en este país, al igual que en materia de ajuste económico hay una serie de estándares internacionales que el Estado ecuatoriano debe tomar, sin afectar los derechos más básicos”, concluye Benavides.