Los asambleístas no presentarán ninguna denuncia por calumnia y subrayaron que debe ser el Presidente Lasso quien presente las pruebas de su acusación por supuesta venta de votos.
Punto Noticias. Los cinco asambleístas de Pachakutik, denunciados por supuesta venta de votos, no dieron nombres, direcciones ni fechas de las reuniones que habrían mantenido con funcionarios de Presidencia, en las que se habría concretado ofrecimientos a cambio de votos.
Edgar Quezada, Gisella Molina, Rosa Cerda, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, junto al jefe de su bancada, Rafael Lucero, rechazaron las acusaciones del Presidente Guillermo Lasso, quien presentó una denuncia en su contra por supuesta concusión.
Tras citar el adagio popular «el que nada debe nada teme», los cinco asambleístas anunciaron que van a colaborar con la Fiscalía. Que nunca han pedido dinero ni han caído en algún acto de corrupción.
Tampoco presentarán una denuncia por supuesta calumnia porque, dijeron, debe ser el Presidente quien pruebe su denuncia.
Por la mañana, Quezada dijo que habría sido el Gobierno quien ofreció contratos a cambio de sus votos. Al ser consultado sobre esta información, el asambleísta, tras tener un breve ataque de tos, dijo que no puede dar nombres, direcciones ni referirse a fechas porque fueron notificados, este domingo 27 de marzo, con el inicio de la investigación previa, que es reservada.
Lo que sí, dijo que esas pruebas las presentarán a la Fiscalía cuando el Mandatario demuestre su acusación en su contra.
Lucero anunció el respaldo a su compañeros de bancada y espera, además, que los corruptores también sean investigados.
En la víspera, el Presidente Guillermo Lasso rompió el silencio sobre su acusación de venta de votos en la Asamblea Nacional. Rosa Cerda, Gissella Molina, Edgar Quezada, Celestino Chumpi y Cristian Yucailla, y un asesor de este último, habrían solicitado beneficios económicos a cambio de votar a favor de la Ley de Inversiones, durante una reunión en marzo de este año.
Según el Mandatario, se configuraría un supuesto delito de concusión, que pidió a la Fiscalía investigarlo.
La demanda la presentó después de que la Ley de Inversiones fue archivada por mayoría de la Asamblea.