Consejo de Pichincha toma medidas para proteger el patrimonio de empresas eléctricas del sector público.
El Consejo de Pichincha aprobó por unanimidad y en segunda discusión la Reforma a la Ordenanza sustitutiva para la Igualdad de Derechos, Desarrollo Integral y Buen Vivir, lo que resulta en una disminución del 50% en los tributos y la tasa del Fondo de Mantenimiento Vial para los adultos mayores.
Además, en respuesta a las intenciones del Gobierno Nacional de contratar a una fiduciaria y constituir el Fideicomiso de Administración de pagos al sector eléctrico, el Consejo de Pichincha, que integran alcaldes, consejeros, prefecta y viceprefecto de la provincia, resolvió también por unanimidad rechazar cualquier contrato que comprometa o menoscabe el patrimonio de las empresas eléctricas del sector público.
Además, ante las intenciones del Gobierno Nacional de contratar la Fiduciaria y constituir el Fideicomiso de Administración de pagos al sector eléctrico, en Sesión de Consejo donde participaron la Prefecta @PaolaPabonC y el Viceprefecto @AlexTonello5, se resolvió por unanimidad: pic.twitter.com/Plg8m3pIBT
— Prefectura de Pichincha (@PichinchaGob) August 4, 2023
El fideicomiso representa una acción lesiva para las empresas y para los ciudadanos, sostiene el abogado César Bedón. Las empresas perderían la capacidad legal de administrar sus propios recursos.
«El manejo de los recursos estratégicos no se puede perder de acuerdo con los artículos 314, 315, 316 de la Constitución. Una vez que ocurriera eso, como ya no tomarían decisiones los gerentes, tendrían que pedirle autorización al fideicomiso. Eso resultaría en que el dinero ya no llegue directo al público sino después de que los privados aprueben la distribución de los recursos. Afectaría a las solicitudes de iluminación. Además, pone en riesgo el pago de los servidores públicos», indicó el experto.
Estos serían parte de los argumentos para la decisión del Concejo. Asimismo, este cuerpo colegiado de la Prefectura exigió al Gobierno Nacional que se abstenga de emitir actos o suscribir contratos que limiten la autonomía o administración de estas empresas en beneficio de intereses privados.
La Cámara Provincial se declaró en alerta permanente para asegurar que se respete el ordenamiento jurídico y los derechos de los usuarios en relación al sector eléctrico.