Agregó que existen suficientes pruebas documentales y testimoniales para censurar a vocales de la Judicatura y su expresidenta.
Viviana Veloz, asambleísta de UNES, señaló que el Gobierno Nacional ha usado la justicia para tomarse otros poderes del Estado, como lo recientemente ocurrido en la Superintendencia de Bancos.
Indicó que precisamente la designación de Raúl González fue nulitada, luego de que la jueza de Samborondón, Larissa Ibarra, aceptó una acción de protección para impedir su posesión. Misma magistrada en donde casualmente reacen los procesos judiciales que son de interés del Gobierno.
Ejemplificó con lo ocurrido con Hernán Ulloa, quien para asumir el cargo de Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) también fue favorecido con una acción de protección y medidas cautelares, emitidas por la jueza Ibarra.
Manifestó que con el audio develado en redes sociales, donde se escucha una conversación entre Raúl González y Aparicio Caicedo, existen pruebas suficientes para realizar un control político desde la Asamblea Nacional por intromisión de funciones.
La legisladora puntualizó que lo mismo debería hacer Fiscalía, iniciando una investigación de oficio, pero reconoció que esto no ocurrirá porque no es conveniente para el Gobierno de Guillermo Lasso.
Respecto al juicio político contra vocales y la expresidenta del Consejo de la Judicatura, Veloz detalló que existen 70 pruebas documentales y comparecencias para demostrar que se dio incumplimiento de funciones.
Mencionó las denuncias de varios exjueces sobre presiones de la Judicatura para dictar sentencias de acuerdo a conveniencias políticas, como el proceso sobre Alexis Mera.