La ley 26.160 que impide los desalojos de las comunidades originarias en conflicto territorial fue prorrogada hasta el 2021 por el Senado argentino. Ahora deberá ser debatida y aprobada por el Congreso de los Diputados para que se haga efectiva su aplicación.
Si bien, algunos senadores cuestionaron la supuesta “violencia extrema” de algunas organizaciones indígenas de la Patagonia y promovían como modelo a seguir la militarización extrema del vecino Chile, la votación fue unánime en favor de la prórroga de la ley de Emergencia Territorial.
Frente al Palacio de los dos Congresos se levantaba un acampe de representantes de las 40 comunidades originarias argentinas que seguían con atención el debate en el parlamento, acompañados de una nutrida movilización.
La norma se aprobó en 2006 y buscaba garantizar que se pudieran realizar todos los relevamientos territoriales de los lugares donde están establecidas las comunidades. Por la lentitud del cumplimiento del relevamiento, la ley se prorrogó en 2009 y otra vez en 2013. En noviembre de este año se cumplía el plazo y los pueblos originarios temían que se creara un vacío legal que permitiera la persecución y desalojo de las comunidades.
Si bien se trata solo de un parche que no resuelve la situación del 60 % de las comunidades que todavía no realizaron los relevamientos, la prórroga al menos garantiza un resguardo legal mientras el gobierno cumple con su obligación constitucional de brindar los títulos de tierras a los pueblos originarios.