JBS es la empresa frigorífica que más carne vacuna exporta en el mundo. Un peso pesado en cualquier instancia de negociación con los gobiernos. Joesley Batista, su dueño, fue quien grabó a Michel Temer avalando sobornos, en lo que fue la denuncia más grave contra el presidente de facto de Brasil. La denuncia no avanzó, ya que el Parlamento mantuvo la inmunidad del ya condenado a no poder ejercer cargos público durante ocho años y medio, en cuanto termine su presidencia.
Ahora, el Supremo Tribunal Federal decidió que el empresario cárnico vaya a prisión, junto con uno de los principales ejecutivos de la firma, Eduardo Saud, por haber ocultado información al tribunal de forma maliciosa.
Batista y Saud son reos que habían sido beneficiados con la ley de la “Delación Premiada” por brindar datos y pruebas sobre una supuesta red de corrupción política que envolvía a Temer, y otros 1.800 políticos.
Los ataques verbales entre Temer y Batista se sucedieron sin tregua desde la presentación de las pruebas que le habían permitido a Batista salir de prisión. Sin embargo, ahora perdió el beneficio de la excarcelación al descubrirse el ocultamiento de información.
Al caerse las pruebas aportadas por Batista, Temer fortalece su mandato, que pendía de un hilo, con la aprobación popular más baja de la que se tengan registros en el planeta.
Pero si estas delaciones contaron con errores de procedimiento, que demuestran una intencionalidad en la manera de presentar las pruebas, ¿qué sucederá con la trama del Lava Jato que se forjó en base a declaraciones de corruptos confesos?
Desde el Partido de los Trabajadores (PT) denuncian que esta “complicidad entre fiscales y empresarios corruptos son el corazón de la ley de “delación premiada” y aseguran que se encontrarán irregularidades del mismo calibre en las denuncias que provocaron la condena a Lula Da Silva, “puras delaciones” a las que se aferró el juez Sergio Moro, aunque no tuviera ninguna prueba que acompañara estas declaraciones.