Este miércoles, los asambleístas de oposición Esteban Bernal, de CREO, y Raúl Tello, de Unidos por la Patria, presentaron, de manera formal, el pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, con 38 firmas de respaldo.
Bernal anunció que presentarán ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) pruebas contundentes que demostrarán que Jalkh incumplió sus funciones, al permitir que el expresidente Rafael Correa meta las manos en la justicia y presione a los jueces para que emitan fallos a favor, en casos que eran de interés del gobierno.
“Tenemos pruebas documentadas de la injerencia en la justicia del poder Ejecutivo, de la cual conoció el doctor Jalkh, y tenemos, adicionalmente, todo lo relacionado con los testimonios, que están notarizados, de los exjueces y exservidores judiciales que están de acuerdo todos, de manera concordante, en el modus operandi mediante el cual el Consejo de la Judicatura injirió en la justicia ecuatoriana”, sostuvo Bernal.
Hasta la Asamblea Nacional llegaron grupos en contra y a favor del presidente de la Judicatura. Entre los primeros, algunos de los jueces que fueron destituidos con la figura del error inexcusable, quienes aportaron con supuestas pruebas para el eventual juicio político, como Julio Arévalo Rivera.
“Armó un juicio penal, acusándonos que mi familia y yo nos beneficiábamos del remate de bienes. Eso causó un gran revuelo, fui privado de la libertad con mi padre de 80 años y al siguiente día iniciaron un juicio penal por algo totalmente diferente”, contó el exjuez.
Mientras tanto, el titular de la Judicatura declaró que el pedido de juicio político en su contra no tiene sustento. Aseguró que cumplió a cabalidad sus funciones y que en su administración se fortaleció la independencia de la Función Judicial, al contrario de lo que señalan sus detractores.
Jalkh compareció hasta la Comisión Legislativa de Justicia, en donde, con el análisis caso por caso, señaló que el error inexcusable, que para la oposición es el arma de persecución contra jueces, ha permitido sancionar a jueces que emitieron resoluciones ilegales, injustificadas, contra toda lógica jurídica y contra norma expresa.
En el caso del pedido de juicio político contra Jalkh, el CAL deberá reunirse para conocerlo y resolver si lo acepta a trámite o no.