El gobierno colombiano llegó este jueves a un preacuerdo con las comunidades indígenas y los pueblos originarios levantaron la Minga por la Vida que habían iniciado el 30 de octubre pasado.
El acuerdo aborda los temas del territorio, los derechos humanos, la educación y el sostenimiento de una asamblea permanente de diálogo y negociación entre el gabinete de ministros y las comunidades, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos.
El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Luis Fernando Arias, en rueda de prensa detalló que el gobierno “ha sido complaciente con la violencia contra” los pueblos indígenas “y ha permitido que la desidia y el abandono sigan siendo la principal política pública” que se les aplica.
Los originarios se movilizaron en, al menos, 17 puntos en todo el país y que dejó un saldo de 40 heridos, siete personas con causas judiciales y muchas amenazas, incluso con armas, que buscaban disuadir a quienes protestaban.
“Visibilizamos al país la grave situación de derechos humanos que vivimos los pueblos indígenas, los sectores sociales y populares y la falta de voluntad que ha existido en el Gobierno Nacional para cumplir los acuerdos pactados en diversos escenarios de concertación y movilización”, expresó Arias.
El gobierno aceptó ciertos compromisos y se estableció una agenda de trabajo para atender a las demandas de los pueblos originarios. Así como se levantó el paro campesino nacional, la noche de ayer se consiguió levantar el paro de indígenas, así que Colombia recupera la tranquilidad que le permita avanzar decididamente al cumplimiento de los acuerdos de paz que tienen que traer justicia social a los territorios.
El equipo de seguimiento y monitoreo de los acuerdos entre el gobierno y los originarios incluirá al padre Francisco de Roux, al coordinador residente de las Naciones Unidas, Martín Santiago, al jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de ese organismo (MAPP/OEA), Roberto Menéndez y al senador Iván Cepeda.
También conformarán este equipo el expresidente Ernesto Samper, un representante de la Conferencia Episcopal y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.