Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, destacó las expectativas del sector frente a los diálogos que se están llevando a cabo con el Gobierno Nacional, pues considera que se necesita de la contraparte pública para contribuir a la reactivación económica, de ahí que dijo tener la esperanza de que sus propuestas sean recogidas en la proforma presupuestaria del 2018 que se presentará en noviembre de este año.
“Hay expectativas en las reformas que se requieren para mejorar el ambiente de negocios”, recalcó Aspiazu al mencionar que ello permitirá que los empresarios tomen decisiones de inversión que están represadas como resultado de la falta de certidumbre y claridad en el plan económico de factores como que el país sigue con un elevado riesgo, lo que hace que los extranjeros sigan viendo con reserva las posibilidades de la economía nacional.
En la mesa de diálogos se han tratado temas como:
- La reformulación del anticipo del impuesto a la renta. “No pedimos la eliminación sino el pago de un anticipo equivalente al 50% del impuesto generado el año fiscal anterior y que permitiría tener liquidez.
- La eliminación plurianual a la salida de divisas.
- La reforma a la ley de plusvalía.
- Nuevos mecanismos de contratación laboral que considere las particularidades de distintos sectores productivos sin necesidad de tener una obligación de permanencia.
Universidades privadas
Aspiazu informó que actualmente las Universidades Privadas están dialogando con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Consejo de Educación Superior (CES) para conformar una comisión tripartita que permita analizar reformas a la Ley de Educación Superior donde se especifique la legitimidad de los fondos de gestión patrimonial de las Instituciones de Educación Superior, que garantizan su sostenibilidad.
“La matrícula en los dos años ha caído en un 25% que no es poca cosa, y si no hay ahorros se compromete la sostenibilidad del proyecto que se basa en la calidad de la oferta del servicio”, mencionó.
El empresario sostuvo que si bien la Constitución establece que las Universidades no tienen derecho a lucro, evidentemente la posición de las Instituciones privadas es que sí tienen derecho a tener fondos patrimoniales de gestión que sirvan para garantizar la sostenibilidad con miras a incrementar su infraestructura, proyectos de investigación, construir laboratorios, plantilla docente, entre otros.
Respecto a la información sobre empresas offshore que tienen algunas Universidades Particulares, Aspiazu indicó que no existe una prohibición expresa sobre el tema y aunque reconoció que ello se presta a suspicacias también puntualizó que como cualquier persona natural o jurídica gozan de libertad para efectuar un manejo de carácter económico respecto a una reserva patrimonial en el lugar donde crean pertinente.