La legisladora dijo que es “vergonzoso e inmoral que se pretenda defender a estos malos funcionarios y resultaría vergonzoso que Asamblea no actúe”.
Punto Noticias. Con la presentación de los audios más polémicos de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), la legisladora Viviana Veloz, de Unión por la Esperanza (UNES), inició con su intervención como interpelante del juicio político en contra los vocales de la Judicatura Fausto Murillo, Maribel Barreno, Juan José Morillo y la expresidenta del organismo, María del Carmen Maldonado.
“No podemos seguir teniendo vocales que quieren interferir para obtener un fallo por pedido del Presidente de la República, que es una clara intervención en otras funciones del Estado”, dijo Veloz, este miércoles 31 de agosto de 2022.
La legisladora, quien pide una sanción y destitución para los tres vocales (Maldonado renunció meses atrás), presentó algunas pruebas que demostrarían el incumplimiento de funciones. La primera, dijo, la sentencia de la Corte Constitucional, que declaró la inconstitucionalidad de la evaluación a jueces y conjueces, en 2019, por ser contraria al principio de legalidad. “Es decir, todo lo que hicieron fue ilegal”, enfatizó.
Para Veloz, resulta “vergonzoso e inmoral que se pretenda defender a estos malos funcionarios y resultaría vergonzoso que esta Asamblea no actúe en defensa de la independencia judicial”.
“Justicia secuestrada”, dice el cartelito que coloraron en sus curules los legisladores de UNES, mientras Veloz expone algunas de las más de 100 pruebas testimoniales y documentales que presentó durante el proceso en la Comisión de Fiscalización.
Otras de las pruebas que demostrarían dicho incumplimiento, dijo, es que existió una violación a la seguridad jurídica de los jueces y conjueces que fueron sometidos a dicha evaluación porque, pese a que el proceso ya había iniciado, se cambió el reglamento y el instructivo.
“Estos cambios no fueron gramaticales o de forma, fueron de fondo porque se incluyó otros profesionales del derecho en el Comité Evaluador, cambiando las reglas de juego en pleno desarrollo de evaluación”, reprochó.
Veloz mencionó que el objetivo de esa evaluación no era mejorar la calidad de la justicia en el país. Lo que buscaban “era secuestrar la justicia para remover la mayor cantidad de jueces que no eran afines del Gobierno de paso”.
La legisladora aclaró que no se oponen a la evaluación, lo que sí, dijo, debe realizarse con debido proceso y en el momento oportuno. Si no se cumplen estos dos requisitos constituye una vulneración.
Otra prueba. La designación de conjueces temporales porque la normativa no determina esta figura. “Existía un banco de elegibles con durabilidad de seis años, los conjueces que reemplazarían a los destituidos debieron ser los que tenían más alta calificación y estaban en ese banco de elegibles”, precisó.
Una omisión de los vocales, dijo, es que no convocaron a concurso de méritos y oposición para designar a los Fiscales provinciales titulares y decidieron encargar las fiscalías provinciales, cuando se debía aplicar la subrogación por 90 días.
Al finalizar, la asambleísta de UNES mocionó la censura de María del Carmen Maldonado, expresidenta del organismo, y la destitución para el actual presidente, Fausto Murillo, y los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno.