Agregó que es fortuito que el año electoral converja con dicho proceso judicial.
El procurador General del Estado, Íñigo Salvador, aseguró que es totalmente fortuito que el proceso judicial del caso “Sobornos 2012-2016” coincida con el año electoral, y resaltó que su preocupación se centra en que las personas que hayan cometido un delito sean sancionadas.
Dichas declaraciones las dio en Radio Platinum, donde fue consultado si se lograría obtener una sentencia ejecutoriada previo al proceso electoral donde, de ser el caso, ya no podría participar el expresidente de la República, Rafael Correa.
En ese marco, el funcionario explicó que si el sorteo y designación de los tres jueces se lleva a cabo la próxima semana, la audiencia de juicio concluiría hasta el 7 de abril: “Poniéndonos pesimistas”.
De ahí en adelante podría llevarle un mes a la Corte para dictar sentencia: “Eso nos lleva al 7 de mayo y de ahí vienen las ampliaciones y aclaraciones que podría llevar dos semanas y luego casación que demora un tiempo, tres meses más por decir algo. Hasta agosto siendo más o menos objetivos”.
“Pero obviamente la defensa de los procesados, especialmente de los que son actores políticos, tratará de incidentar para que la audiencia se prolongue y de esa manera el juicio no concluya antes de la inscripción de las candidaturas (…) pero ese es el menor de las preocupaciones”.
A criterio de Salvador el acervo probatorio recopilado por la Fiscalía y usado por Procuraduría es contundente: “de todas maneras tenemos que hacer el trabajo adecuado dentro del proceso judicial para que los jueces lleguen al convencimiento de que las pruebas demuestran que este grupo de persona participó en un esquema delictivo organizado para obtener provecho personal y del grupo al que pertenecían”.
Fuente: Radio Platinum