Panamá, 6 jul (Prensa Latina) La confirmación de que hubo estafa en un proceso de vacunación clandestina detectado en Panamá, liberó al sistema estatal de salud de responsabilidad y generó hoy nuevas reacciones contra los autores.
El informe pericial, revelado ayer, determinó que al menos 13 de 16 personas evaluadas por el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud no presentaron anticuerpos creados contra el virus SARS-CoV-2, que genera la Covid-19, por lo que la investigación fue concluyente sobre la ausencia de elementos inmunológicos.
Pedro Meilán, abogado que representa al Ministerio de Salud (Minsa) en el expediente, declaró al canal Telemetro que tales resultados concuerdan con las declaraciones de una de las personas investigadas de que aplicó ‘agua salina’, lo que elimina la versión de peculado por el uso de vacunas propiedad del Estado.
En total fueron evaluados 32 personas supuestamente inmunizadas de forma clandestina en dos clínicas privadas de esta capital, pero los expertos aseguraron que algunas sí presentaron anticuerpos, aunque su origen pudo ser tras contagio asintomático, porque no se registraron presencia de otras sustancias.
Ante el nuevo informe, el abogado Neftalí Jaén, representante de las víctimas, solicitó al Ministerio Público trasladar la causa para investigar un posible delito contra la salud pública, porque descartan algún perjuicio al Estado.
Un juez de Garantías ordenó a mediados de junio pasado la medida cautelar de detención provisional para Matías Pérez, presuntamente implicado en la vacunación clandestina y le imputaron cargos por los delitos de ‘estafa, fe pública y ejercicio ilegal de la profesión’.
Versiones de las víctimas aseguraron que cada uno debía pagar la suma de 200 dólares por supuestamente recibir la vacuna de la farmacéutica germano-estadounidense Pfizer-Biontech, lo que generó en ese momento fuertes polémicas en la sociedad panameña sobre el posible desvío de tales dosis de los almacenes estatales.
Tras dos allanamientos a los lugares de la ‘vacunación’, el titular del Minsa, Luis Francisco Sucre, denunció el hecho ante la Fiscalía y puso a disposición de la justicia la información necesaria para determinar el origen del supuesto fármaco.
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