Un juez electoral decidió archivar la denuncia de violencia política de género en contra de autoridades del Gobierno durante el paro de junio de 2022.
Santiago Machuca, abogado e integrante de Acción Jurídica Popular, manifestó que la decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de archivar la denuncia de violencia política de género en contra de autoridades del Gobierno durante el paro de junio de 2022, devela la ignorancia de los jueces, encubrimiento institucional y la complicidad hacia al Ejecutivo.
“Es un argumento traído de cabellos porque dice que para presentar la denuncia se tiene que tener interés y demostrar afectación a derechos subjetivos”.
Destacó que las denuncias pueden ser presentadas por cualquier persona pues se está poniendo en evidencia conductas irregulares que afectan el orden público.
“En este caso denunciamos situaciones que lesionan el ejercicio del derecho político de mujeres que limitan la participación política de mujeres y afectan la condición de sujeto político a una mujer”.
La denuncia receptada el 27 de junio, señala dos hechos en particular la del 23 de junio cuando la marcha estuvo encabezada por mujeres indígenas y que se detuvo en la Asamblea Nacional y la segunda el 24 de junio cuando la fuerza pública entró al Parque El Arbolito y hostigó a la gente reunida en la Casa de la Cultura. También se cita las ocasiones en las que las Universidades denominadas centros de paz, fueron atacadas con bombas lacrimógenas en su interior.
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En ese sentido Machuca mencionó que al no acoger la denuncia, el TCE replica los mismos argumentos del Consejo Nacional Electoral, con complicidad a las funciones del Ejecutivo: “¿Cuál es el miedo de abrir una causa en contra del Presidente de la República, juzgarle y permitirle que se defienda?”.
Para el jurista el objetivo del TCE es garantizar la impunidad de las acciones del Ejecutivo: “Lo cual es intolerable cuando el sistema de justicia no funciona y no actúa de manera imparcial, diríamos que estamos frente a un estado fallido, recordemos que el TCE son jueces especializados”.
El organismo resolvió archivar el proceso por incumplir algunos requisitos, la misma se presentó en contra del presidente Guillermo Lasso; el vicepresidente Alfredo Borrero; del ministro del Interior, Patricio Carrillo; y del ministro de Defensa, Luis Lara.