La jueza avocó conocimiento e inició con la sustanciación del control de las primeras 11 preguntas.
Punto Noticias.- Tras avocar conocimiento y dar inicio a la sustanciación del control constitucional al contenido de las 11 primeras preguntas de la Consulta Popular, la jueza Teresa Nuques, de la Corte Constitucional, concedió 24 horas término al presidente Daniel Noboa para que informe si persiste en su intención de consular a la población.
Las 24 horas concedidas por Nuques a Noboa se contabilizarán desde que el mandatario fue notificado con la providencia emitida este martes, 16 de enero. La Procuraduría también fue informada sobre la causa.
Al jefe de Estado le corresponderá manifestar su deseo o no de continuar con la consulta de las 11 preguntas que fueron remitidas al ente constitucional el pasado 2 de enero.
A su vez, se solicitó a las partes procesales que usen los servicios en línea de la página web institucional para que envíen escritos o demandas y no lo hagan a correos electrónicos.
La jueza también informó que en esta causa hay pedidos de amicus curiae solicitados por Henry Llanes y Jorge Baquerizo el 11 y 12 de enero, respectivamente.
Según el artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Nuques tiene 20 días para resolver si las 11 preguntas pasan el control constitucional.
Si no existe un pronunciamiento sobre el tema en el término de los 20 días (sin contar sábados, domingos o feriados), se entenderá que se emitió un dictamen favorable. Sin embargo, esa omisión dará lugar a sanciones administrativas.
¿Qué implica el control constitucional?
A la jueza Teresa Nuques le corresponderá analizar el cuestionario bajo los siguientes parámetros:
- Verificar la formulación de una sola cuestión por cada pregunta, salvo que exista una interrelación e interdependencia entre los distintos componentes normativos.
- Revisar la posibilidad de aceptar o negar varios temas individualmente en la misma consulta. Se prohíbe la aprobación o rechazo en bloque.
- Que la propuesta normativa no esté encaminada a establecer excepciones puntuales que beneficien un proyecto político específico.
- También deberá revisar si la propuesta normativa tiene efectos jurídicos y modificaciones al sistema jurídico.