Punto Noticias. El Acuerdo Nacional por la Gobernabilidad, que impulsó, le parece a Elizabeth Cabezas la acción más importante desarrollada durante los 15 meses al frente de la legislatura.
La sistematización del documento, que fue entregado al vicepresidente de la República, contiene propuestas de ley en tres ámbitos fundamentales: Economía y Producción, que plantea, entre otras, una Ley de Fomento del Empleo, Competitividad e Innovación; Sociedad y Democracia, que propone varias leyes, entre ellas una Ley de Organizaciones Sociales; y, Seguridad y Desarrollo, que recomienda la aprobación de normativas como la Ley Orgánica de Personal y Régimen de las Fuerzas Armadas.
Cabezas espera que los resultados del diálogo, en el que participaron los representantes de las principales instituciones del Estado, gremios, cámaras, organizaciones civiles, sean tomados en cuenta por las nuevas autoridades del Parlamento, como prioridad para el desarrollo del país. Piensa que esta debe ser la ruta para el próximo período parlamentario.
Veinticuatro leyes fueron aprobadas por la legislatura en la administración de Cabezas, en la que hubo 149 sesiones del Pleno, que, según la presidenta de la Asamblea, benefició a los sectores que más necesitan.
Cabezas destacó también el trabajo que la legislatura desarrolló en el ámbito de la fiscalización, con juicio políticos, uno con censura a Diego García, exprocurador general del Estado. Uno con censura y destitución a Carlos Baca, exfiscal general. En dos no hubo votos para censurar a Gustavo Jalkh, expresidente del Consejo de la Judicatura; y Carlos de la Torre, exministro de Finanzas. Dos juicos políticos fueron archivados por la Comisión de Fiscalización: de Christian Cruz, exsuperintendente de Bancos; y de Rubén Flores, exministro de Agricultura. Está en trámite el juicio político contra la excanciller María Fernanda Espinosa.
La presidenta de la legislatura, que está de salida, deploró los cuestionamientos al contrato que suscribió con su exasesora Jenny Silva, para promocionar el trabajo de los legisladores. Cree que hay la intencionalidad de manchar su administración, que, dice, ha sido honesta y transparente.
Calificó como bueno el resultado de la creación de comisiones ocasionales, que se encargaron de diversos temas, entre ellos la investigación del asesinato del general Gabela, así como las denuncias contra tres legisladoras: Norma Vallejo y Ana Galarza por cobrar diezmos a sus colaboradores; y Sofía Espín, por interferir con la justicia. Todas ellas destituidas de sus cargos. La denuncia contra Cabezas quedó en el limbo: no hubo los votos para destituirla ni para aprobar el informe de la comisión, que recomendaba no sancionarla.