Editorial de Radio Pichincha
Qué casualidad que el mismo fiscal que llevaba el caso de Daniel Salcedo es asesinado cuando el sentenciado por peculado es traído desde Panamá. César Suárez era valorado como un eficiente funcionario de la justicia y cuando lo acribillan no tenía protección ni una cápsula de seguridad.
No nos podemos olvidar que tras la emergencia sanitaria por el Covid-19, la Fiscalía creó una Fuerza de Tarea para investigar delitos de peculado y sobreprecios en los principales hospitales públicos, y Suárez estuvo se puso al frente. Y a pesar de ello, hasta 2023 solo hubo dos sentencias: una por peculado contra Salcedo y otra por delincuencia organizada contra el hermano de este, Noé Salcedo.
En principio, Daniel Salcedo fue procesado por cinco delitos: peculado, delincuencia organizada, lavado de activos, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. En los dos primeros, Suárez logró su condena. Por todos esos procesos, Salcedo tiene tres sentencias: 13 años de cárcel por peculado, tres años por el ingreso de artículos prohibidos a prisión y cuatro años de cárcel por fraude procesal. Un día antes del homicidio de Suárez, Salcedo fue retenido en Panamá y la Corte Nacional pidió su extradición desde ese país a Ecuador.
En consecuencia: ¿qué hicieron las autoridades policiales y militares, pero sobre todo los aparatos de inteligencia para darle la protección y prevenir cualquier ataque y con ello garantizar la vida de uno de los funcionarios que mejor desempeño ha mostrado en medio de tantas dificultades para ejercer las investigaciones del crimen organizado?
Por más que salga la Fiscal a solidarizarse y esgrimir lugares comunes sobre lo ocurrido, nadie le devuelve la vida a Suárez, su familia queda desamparada y atemorizada. Porque con esto se sienta un precedente que no es nuevo y que se viene asentando como una forma de “presión”: ¿fiscal o juez que hace su trabajo muere?
Y si nos preocupa que tanto despliegue militar y policial, acompañado de una propaganda mediática, nos quiera convencer que todo está en orden y estamos entrando en una fase de normalización de la vida. Ni estamos en esa fase y menos aún las bandas criminales han sido desarticuladas. ¿Acaso hay algún capo detenido? ¿Hay, de verdad, grupos violentos desarmados?
Más allá del impacto de los operativos y las cifras que a diario muestra el Gobierno, lo de fondo no se ha neutralizado ni atacado. Por tanto, el crimen, horrendo, de ayer nos deja desamparados y el sistema judicial prácticamente atemorizado. PUNTO