Editorial de Radio Pichincha
En el espacio de entrevistas de Radio Pichincha el académico e investigador de temas de seguridad, Jorge Núñez, hizo una revelación y denuncia muy grave: miembros de los aparatos de inteligencia de la Policía usan y filtran información reservada para atacar a sus adversarios políticos.
Y no solo porque lo diga él ya es en sí mismo grave y preocupante. Desde los tiempos del inefable Lenín Moreno y la tenebrosa María Paula Romo ya se sabía de ese tipo de prácticas. No olvidemos que además en esas épocas el exministro del Interior de don Guillermo y excomandante de la Policía también usaba información privilegiada para actuar y atacar a la oposición política del Ecuador en estos seis últimos años.
Además, qué casualidad que ese exministro y ex comandante ahora sea un político activo, elegido asambleísta y también sea uno de los que se quiere lavar la imagen declarándose crítico de don Guillermo.
Pero no solo es él. Hay otros, incluidos esos periodistas gobiernistas, a los que les filtran información con fines políticos y con unos intereses protervos. Y siempre cabe la pregunta: ¿por qué no usan esos datos para combatir al crimen organizado? ¿Por qué les interesa mentir, difamar y hasta hostigar a los opositores y a los periodistas críticos en vez de combatir a los malos policías, a los corruptos y a todos aquellos que han usado el poder para servirse?
Es que desde hace algún tiempo este tema es una de las preocupaciones de los policías honestos, de aquellos que se han jugado la vida por la misión encomendada por la sociedad. Algunos de ellos nos han comentado que cuando llegan a los operativos ya los delincuentes se han ido; cuando quieren hacer capturas la droga ya no está o cuando intentan capturar a los jefes de las bandas criminales éstos ya saben los nombres de los uniformados que van a los operativos y les amenazan a sus familias.
Y así no se puede combatir el crimen y reducir la violencia criminal. En cambio, han sido muy expeditos y ágiles para denunciar a los opositores, para montarles juicios y allanamientos sin encontrar nada, más que tuits o pruebas forjadas, que luego los jueces deben desechar como parte de las acusaciones fiscales.
Tampoco nos olvidamos de que a un medio digital, ahora atacado por el gobierno, también le llegaban antes que a los jueces supuestas pruebas y documentos filtrados para levantar “noticias criminis” y con ello justificar la acción judicial.
Pero como el presidente saliente también tiene sospechas de recibir informes reservados para alertar a sus amigos, como el señor Luque Lecaro, que se van del país antes de que les eche el guante alguna autoridad honesta y responsable, entonces poco podemos esperar que esto cambie mientras don Guillermo siga en Carondelet y la fiscal 10/20 igual. PUNTO