Por ello la importancia de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el pedido de consulta antiminera en el sector y así monitorear lo que está pasando en el Chocó, agregó.
Jorge Aguilar, director de Ambiente de la Prefectura de Pichincha, señaló que luego de dos años de que la Unesco declaró al Chocó Andino como Reserva de la Biósfera, esto podría revertirse en caso de continuar con la explotación minera, pues desde el organismo internacional se está monitoreando todas las acciones que se están impulsando en el país en favor de la conservación de este sector.
Destacó la importancia del pronunciamiento de la Corte Constitucional al pedido de consulta popular de sectores ambientalistas, ONG’S, instituciones académicas y ciudadanía en general para frenar la minería en el Chocó.
“Hemos venido respaldando el proceso democrático porque es fundamental la protección del Chocó Andino que constituye una parte de la biodiversidad del mundo en cuanto a flora y fauna, por ello es fundamental su protección”.
Explicó que desde la Prefectura se lleva adelante la coordinación de institucionalización de la gobernanza en el sector, iniciando desde junio la consolidación de mesas temáticas de conservación y desarrollo sostenible: “Todos estos actores vienen impulsando el proceso de protección de la zona que no solo implica la protección de la vida silvestre sino de los servicios ecosistémicos que definen la existencia de Pichincha”.
Detalló que el territorio de la reserva de Biósfera abarca 280.000 hectáreas, lo cual representa el 30% de Pichincha y el 56% del Distrito Metropolitano de Quito, de las cuales 20 mil hectáreas fueron concesionadas a 14 empresas mineras y hay siete más en proceso: “Pero hay una problemática de la minería ilegal y no hay datos exactos porque es riesgoso seguir esto en el terreno”.
Con esa base reiteró que la consulta popular permitiría dimensionar la problemática, controlar las concesiones registradas y sacar a la minería ilegal que constituye peligro en la zona.