La enmienda constitucional fue aprobada por el Parlamento Nacional.
Punto Noticias. La Asamblea Nacional incorporó una enmienda a la Constitución con el fin de que, para la entrega de recursos económicos a las prefectura, se tome en cuenta el número de kilómetros existentes, planificados y proyectados de vías rurales.
Tras una primera negativa, fue la única enmienda a la Constitución que el Legislativo aprobó, planteada por la asambleísta de CREO Jeaninne Cruz, con 95 votos de respaldo y 32 en contra, el último fin de semana.
Con este cambio, que entrará en vigencia desde su promulgación en el Registro Oficial, la distribución de recursos para los organismos seccionales se cumplirá sobre la base de cuatro criterios: tamaño y densidad de la población; necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas con relación a la población residente en cada territorio; logros en el mejoramiento de los niveles de vida, esfuerzo fiscal y administrativo; y, número de kilómetros existentes de vías rurales.
La proponente sostuvo que es una norma que beneficia al sector rural, que deberá ser atendido en vialidad, en función de sus necesidades. La propuesta se trabajó con las distintas autoridades y sectores rurales, aseguró
Luego de la reconsideración de la primera votación, que negó la reforma, Cruz insistió con el argumento de que esta tenía como objetivo reivindicar al sector rural y pidió a sus colegas legisladores reflexionar el voto, que beneficiará a las provincias que representan. Su pedido tuvo eco y se aprobó.
No a restarle competencias al CPCCS
El cambio de criterio de los asambleístas animó a Elizabeth Cabezas a pedir que también se reconsidere la votación negativa que tuvo la moción de enmienda destinada a restar competencias al Consejo de Participación Ciudadana (CPCCCS). Si bien se aprobó la reconsideración, la votación sobre el cambio constitucional no llegó a 91 como se requería. Obtuvo 80 votos positivos (en la primera tuvo 85) y 33 negativos.
Todavía queda por tratar, en el Parlamento, la propuesta de reforma a la Constitución planteada por el Comité por la Institucionalización Democrática, que recomienda eliminar, vía consulta popular, al Consejo de Participación Ciudadana. El informe para segundo debate está listo para ser tratado por el Pleno legislativo.