“Este proceso se hizo en cuatro paredes con asesores de (Hernán) Ulloa y consejeros alineados a Carondelet”, agregó.
David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), informó que tanto él, como los consejeros Juan Javier Dávalos y Sofía Almeida, solicitaron a la Asamblea Nacional no posesionar a Juan Carlos Larrea Valencia como nuevo Procurador General del Estado, por conflicto de intereses.
Explicó que los tres vocales no votaron por su designación porque existieron varias falencias en el procedimiento y además porque no cuentan con una persona de confianza dentro del equipo técnico que revisa y avala los documentos.
“Este proceso se hizo en cuatro paredes con asesores de (Hernán) Ulloa y consejeros alineados a Carondelet”.
Alertó que en la madrugada del día de la designación de Larrea, los funcionarios Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán, le hicieron una consulta respecto al juicio político que atraviesan en el Legislativa a fin de saber si es factible que sean parte de ese proceso fiscalizador toda vez que son candidatos para la reelección.
“Este comportamiento demuestra una acción irregular, un posible conflicto de intereses, es un pago de favores porque dan su voto para designar y cambio piden una consulta sabiendo que los pronunciamientos de la Procuraduría son vinculantes”.
Remarcó que Larrea no puede ser procurador porque es accionista del Banco Guayaquil y no podría representar independiente e imparcialmente al Estado en las diferentes demandas que enfrenta en sede nacional, internacional, arbitrajes internacionales, mucho menos en el caso de los hermanos Isaías.
“¿Cómo puede un procurador vinculado a la banca defender al Estado de forma independiente e imparcial?”.
Mencionó que hay una injerencia burda y abusiva por parte de Carondelet y hay consejeros obedientes a estos designios desde febrero de 2022, fecha en la que se tomaron a la fuerza con la policía el CPCCS.