La expectativa de Ximena Abarca es que su honor y la de su equipo de trabajo sea restituido, así también que Fiscalía pida disculpas públicas, mediante una placa que debería ser colocada en el Municipio de Quito.
Ximena Abarca, médica y exsecretaria de Salud del Municipio de Quito, destacó que el caso de pruebas PCR tuvo como objetivo destituir a Jorge Yunda de la Alcaldía de Quito, pues hasta ahora no hay explicaciones técnicas y jurídicas para que el proceso judicial por supuesto peculado se mantenga en pie.
“Estos años han sido llenos de carga emocional y profesional. No he podido salir del país, mis hijos viven en el exterior y tampoco he podido acudir a eventos académicos internacionales”, agregó.
Abarca manifestó que este caso ha sido una carga sobre su imagen, pues vive en una constante revictimización cuando tiene que explicar a las personas, las razones por las cuales está involucrada en un proceso judicial.
“Hay carencia de pruebas, pero afecta mi vida profesional, yo era docente universitaria y cuando quise regresar me dijeron que esperamos a que se aclare y se resuelva el caso”, acotó.
La expectativa de Ximena Abarca es que su honor y la de su equipo de trabajo sea restituido, así también que Fiscalía pida disculpas públicas, mediante una placa que debería ser colocada en el Municipio de Quito, donde se mencione que la entidad dirigida por Diana Salazar no puede iniciar procesos penales por temas políticos o rencillas personales.
La exsecretaria de Salud tampoco descarta una demanda contra el Estado para una reparación económica, puesto que ha perdido dos propiedades para solventar los gastos de sus abogados, ya que no solo enfrenta un juicio penal, sino también uno administrativo.
“Además el hecho de no poder tener trabajo y seguir sobreviviendo. Tuve que jubilarme anticipadamente, obligada por esta circunstancia”, comentó.
Ximena Abarca enfatizó que ella llegó a la Secretaría de Salud cuando ya se habían comprado las pruebas PCR, por lo que no está involucrada en ningún tema de peculado, como se menciona por parte de la Fiscalía.
“Yo procedí a usar las pruebas porque había la necesidad de determinar la condición de salud de la población y tomar medidas pertinentes”, subrayó.
La exfuncionaria subrayó que, si no se hubiesen usado las pruebas, no se habría conocido la realidad epidemiológica del Distrito, además que durante la pandemia en Ecuador, el Ministerio de Salud no destinaba recursos para comprar los test y en el sector privado tenían un costo de entre USD 80 y USD 120.
“Los costos eran inaccesibles para la población de barrios periféricos y pobres, entonces hicimos pruebas masivas en la población más necesitada y con esto evitar la transmisión”, acotó.