Tras las manifestaciones de octubre, doce entidades públicas recurrieron al régimen de emergencia para hacer contrataciones de diferentes bienes y servicios. La mayoría, pese a que han transcurrido más de cuatro meses, todavía no reporta cuánto gastó. Algunas tienen resultados parciales.
Punto Noticias: Entre los que ya reportaron sus egresos está, la Presidencia de la República. A través de la Secretaría General de Comunicación se pagaron 1,2 millones de dólares por tres contratos para crear y difundir campañas informativas y de promoción gubernamental.
La Fuerza Terrestre también está en el segmento que publicó sus egresos, fueron más de 300.000 dólares utilizados para comprar alimentos para los militares que resguardaron las zonas más conflictivas del paro encabezado por el movimiento indígena. Incluso, el Municipio de Otavalo reportó el uso de 5.000 dólares que hizo por la emergencia nacional.
En el otro lado están entidades pequeñas como la Unidad de Vigilancia de Quitumbe (en el sur de Quito) y grandes instituciones como la Asamblea Nacional. (ver cuadro)
Algunas instituciones aún no reportan sus facturas, debido a que la mayoría aun no finalizan el Estado de Emergencia, aunque el tiempo ha transcurrido. La Asamblea concluyó su período excepcional el 18 de enero de este año.
La ley, reconocen las autoridades de contratación pública, es muy permisiva en las operaciones por emergencia. Hay un plazo de 15 días después de cerrar la contratación para reportar los gastos realizados. Las compras bajo ese sistema, además, no se hacen con supervisión de las entidades de control. Los contratantes se acogen a la emergencia y hacen sus adquisiciones de manera directa. Apenas después de terminado el servicio se informa de los gastos, proveedores y condiciones.
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El Gobierno del presidente Lenín Moreno reconoció que tras activación de ciudadanos en redes sociales ayudaron a encender el ánimo de los manifestantes y las «fake news» fueron respondidas, después del paro, con campañas que costaron más de 1,2 millones de dólares.
Gobiernos autónomos
En los gobiernos autónomos y descentralizados la prioridad fue reparar los bienes dañados durante los enfrentamientos entre ciudadanos y fuerzas del orden estatal. También se puso énfasis en proteger la entrega de servicios básicos para la ciudadanía. Las prefecturas y municipios buscaron proveedores de distintos bienes y servicios.
Seguridad
Las autoridades nacionales también iniciaron procesos de compra pública para garantizar la seguridad y libre movilidad de la población. La Fuerza Terrestre, parte de las Fuerzas Armadas, adquirieron alimentos para los uniformados que permanecieron varios días en territorio. (C.D.A.)
FUENTE: EXPRESO