La Fiscalía investiga al ex Banco Territorial y su vinculación con el Sucre. Un total de USD 300 millones se habrían invertido.
Punto Noticias.- En la provincia del Guayas, se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra de 31 personas naturales y 33 jurídicas por presunto lavado de activos (USD 300 millones) que involucra al ex Banco Territorial con el Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre).
Tras más de una hora, la diligencia fue suspendida y se reinstalará el próximo 29 de diciembre, a las 09:00.
En 2013, la Fiscalía investigó las transacciones del mecanismo Sucre. Según esta institución, desde el Banco del ALBA se pagó al Banco Central del Ecuador. Este introdujo millones de dólares sin justificación al Banco Territorial, que acreditó el dinero a las cuentas de Fondo Global de Construcciones (Foglocons), en otros bancos nacionales.
Foglocons fue constituido en Bogotá el 22 de noviembre de 2011. Es propiedad de la firma creada en Malta FGDC Holdings (Cartel de Bogotá) y de Alex Saab, hoy preso en Estados Unidos.
Para la Fiscalía del Ecuador, la extradición de Saab a Estados Unidos en el último trimestre de este año permitió que, se reactivaran los procesos investigativos, judiciales y hasta administrativos acerca del entramado de lavado de activos a través del Sucre, creado en 2009.
Desde 2018, el Banco Central solicitó información al Consejo Monetario Regional del Sucre, cuya sede está en Venezuela. Ante la falta de respuesta, se paralizaron las aportaciones anuales.
El pasado 4 de noviembre, Guillermo Avellán, gerente general del Banco Central, dijo ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional que el Ecuador aún es parte del Sucre junto con Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba.
La comparecencia del funcionario fue clave para tener precisiones de cómo habría sido el funcionamiento del proceso de lavado de dinero a través del Sucre, cuyo Tratado Constitutivo ahora se lo piensa dejar sin sustento.
A más de investigar al Banco Territorial, la Fiscalía estaba detrás de las empresas Foglocons, Pifo Gardens, Escatell (Espinosa Castellanos) y Copera. Esta información también salió a relucir en noviembre pasado en la mesa de Fiscalización.
Fuente: Fiscalía, Asamblea Nacional, redes sociales