Ya suman 197 casos a escala nacional.
Geraldine Guerra, presidenta de la Fundación Aldea, señaló que a los 118 femicidios registrados hasta el 31 de mayo de este año, se deben sumar 9 más con corte al 11 de junio, lo cual debe ser motivo de preocupación para el Gobierno que no ha emitido política pública efectiva o presupuesto a fin de prevenir o atender.
El caso es alarmante porque en todo el año de 2021 hubo 197 casos, mientras en 2022, ni siquiera termina junio, y ya existen 127 femicidios.
“Cada 31 horas una mujer es asesinada, 47 de ellas son madres de familia y en este año 89 hijos e hijas han quedado en la orfandad”.
Indicó que a estas alturas ya se debió dar una política pública eficiente, con la entrega de bonos para los menores de edad que quedaron en la orfandad, además de brindar un sistema de justicia eficiente para enviar un mensaje de no impunidad y que los casos de femicidio tengan sentencia e investigación.
“Lo que se ha hecho es hacer propaganda y emitir decretos como el de la entrega para bonos de femicidios el 8 de marzo, pero en territorio no se cumple, porque la entrega del bono requiere de pasos y gestiones administrativas que no se toman en cuenta”.
Reprochó cómo es que se obliga la movilización de una abuela con cinco niños hasta el MIES para acceder al bono, además de generar citas en Centros de Salud a fin de obtener certificados de los pequeños, pagar multas en el CNE en caso de haber votado, aperturar una cuenta especial en el banco, sacar cédulas de los menores y si tiene deudas cambiar la tutoría legal de quien se va hacer responsable: “Son gigantes pasos para un abuelo o hermano, esa es la política pública que no se cumple, solo se escribe, son los funcionarios quienes tienen que acercarse y buscar a las familias que quedan”.
Detalló que del número de víctimas el 73% fue de femicidios fue perpetrado por la pareja, expareja o personas dentro del círculo sentimental de la víctima y 68% con armas de fuego: “¿Dónde está la acción?”.