Dos de sus vocales y un juez provincial son investigados por supuestamente influir en una causa. Aunque la Fiscalía no dice en qué causa es, a mediados de 2022 se hablaba de la destitución de Guadalupe Llori.
Punto Noticias.- No solo la Fiscalía sino también la Contraloría investiga a los vocales del Consejo de la Judicatura y a otros servidores de la Función Judicial.
En 2022, la Contraloría emitió 30 órdenes de trabajo para realizar el mismo número de exámenes especiales a los servidores judiciales.
En marzo de este año, se conoció que la Contraloría aprobó 19 informes generales, 10 de ellos con indicios de responsabilidad penal, que fueron remitidos a la Fiscalía, así como un examen más estaba en revisión para la aprobación correspondiente.
Las acciones de control se realizaron a los vocales del Consejo de la Judicatura y a las Direcciones Provinciales de esa entidad en Loja, Azuay, Tungurahua, Los Ríos, Pastaza y Guayas.
El accionar de la Fiscalía
Por otro lado, 10 meses le habría tomado a la Fiscalía investigar a dos de los vocales del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo y Ruth Maribel Barreno, así como al juez provincial, Vladimir Jhayya.
La Fiscalía los acusa de presunto tráfico de influencias en el caso al que lo denominó ‘Vocales’. Además, la propia fiscal general del Estado, Diana Salazar, indicó que se cuenta con elementos de convicción encontrados durante los 10 meses de investigación, a los que sumó el testimonio anticipado de una funcionaria judicial, que afirmó que hubo un presunto abuso del cargo, al ejercer influencia en otros servidores para fallar en una causa.
Asambleístas acusaron a los vocales de tráfico de influencias
La investigación en el caso ‘Vocales’ se inició el 15 de junio de 2022. Dos meses después, las asambleístas de Unión por la Esperanza (UNES), Viviana Veloz y Pamela Aguirre, presentaron una denuncia en contra de Juan José Morillo y Maribel Barreno por el presunto delito de tráfico de influencias.
Entonces, Veloz dijo que todos los actos de corrupción deben ser investigados. Se refería a los audios divulgados por medios de comunicación en los que se los escucha conversando con un juez para pedir que revise un recurso legal de Guadalupe Llori, quien intentaba regresar a la presidencia de la Asamblea Nacional.
Según el medio que divulgó el audio, La Posta, la persona que hablaba sería Morillo y en ese diálogo estarían presentes Barreno y el juez Gustavo Osejo, a cargo de la apelación de la acción de protección presentada por Llori. Aunque no era Jhayya, los vocales del CJ ya tenían antecedentes. Sin embargo, entre Osejo y Jhayya hay algo en común y es estar al mando de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
Con el caso de Llori incluso saltó el nombre del presidente de la República, Guillermo Lasso, pues Morillo habría pedido al juez que revise el caso porque a él el mandatario, supuestamente, le solicitó que intervenga.
Juicio político que no prosperó
Estos dos vocales del Consejo de la Judicatura fueron parte de un proceso de juicio político al interior de la Asamblea Nacional, que no prosperó porque los legisladores no consiguieron los 92 votos necesarios para su censura y destitución.
En una entrevista en NotiMundo, a mediados de 2022, el expresidente de los trabajadores judiciales, Luis Muñoz, al referirse a Barreno dijo que “es parte del reparto de todo el oriente ecuatoriano; algunos administradores del poder judicial son muy amigos de ella”.
Al revisar la carrera de Barreno en la Función Judicial se observa que se desempeñó como secretaria de fiscales, agente fiscal, fiscal provincial de Pastaza, fiscal provincial de Pichincha (e) y fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional – Unidot. Hasta fue fiscal general subrogante.
Por su lado, Juan José Morillo laboró en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en la Superintendencia de Telecomunicaciones y en el Ministerio de Salud Pública.
En relación con el juez provincial Vladimir Jhayya ha tratado casos como el del exalcalde Jorge Yunda, a quien -en su momento- le dictó medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva por presunto peculado en la compra irregular de 100 000 pruebas PCR para la detección de la Covid-19.
Patrimonio de los involucrados
La vocal Ruth Barreno en 2019 declaró un patrimonio de USD 663 389: tres terrenos, tres casas y un auto. Para 2022 su fortuna decreció al revelar que tenía un patrimonio de USD 343 150.
En la actualidad posee un auto, dos terrenos y una casa. Uno de los posibles argumentos que se halló en su declaración juramentada es su estado civil. En 2022 declaró estar divorciada.
A pesar de ello cuenta con inversiones por un monto superior a los USD 16 719.
En el caso de Juan José Morillo en su última declaración de 2022 informó a la Contraloría que tiene un patrimonio de USD 109 480.
No registra propiedades como casas o departamentos, pero sí un vehículo, obras de arte, joyas y colecciones.
Mientras, Vladimir Jhayya, en su última declaración de 2022, registra un patrimonio por USD 503 846.
Entre sus propiedades tiene una casa y un departamento en Pichincha; mientras en Esmeraldas cuenta con una oficina, un terreno, un departamento y una villa. Asimismo, posee un vehículo, una motocicleta, obras de arte, joyas y colecciones.