Se presentaron cinco demandas que buscan impugnar el decreto 741 del presidente Guillermo Lasso, la Corte tendría un plazo máximo de 15 días para pronunciarse.
La Corte Constitucional (CC) debe procesar cinco demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 741, emitido por el presidente Guillermo Lasso, en el que se dispuso la disolución de la Asamblea Nacional basándose en el artículo 148 de la Constitución.
Diversos actores políticos y sociales presentaron estas demandas, entre ellos miembros del partido Social Cristiano (PSC) junto con integrantes de la Izquierda Democrática (ID); una facción radical de Pachakutik (PK); el ex presidente del legislativo Virgilio Saquicela; integrantes del Frente Popular y otras organizaciones sociales.
En una instancia posterior, el abogado experto en derechos humanos, Jorge Sosa Meza, también presentó una revisión constitucional.
Para llevar a cabo el análisis de estas demandas, se seleccionaron por sorteo a los jueces Jhoel Escudero Soliz, Pablo Herrería Bonnet, Ximena Cárdenas Reyes, Daniela Salazar Marín y Carmen Corral Ponce. Cada uno de ellos se encargará de examinar las demandas presentadas por Esteban Torres (PSC), Mireya Pazmiño (PK), Virgilio Saquicela y el Frente Popular, así como la presentada por Sosa.
En estas demandas se solicita la inconstitucionalidad del decreto y se requiere que el caso sea tratado con celeridad. Además, se ha solicitado la suspensión del decreto ejecutivo como medida cautelar.
Una vez que la Corte Constitucional recibe las demandas de inconstitucionalidad será su responsabilidad analizar si los actos impugnados son normativos, administrativos con efecto general y si violan la Constitución.
“En el momento en que se discute la admisibilidad se suspenden los efectos que el decreto ha generado que son dos: la terminación de las actividades del Parlamento y la convocatoria a siete días del proceso electoral”, indicó el abogado Vladimir Andocillas, auspiciante del Frente Popular.
Stalin Raza, constitucionalista, señala que la Corte tiene un plazo de 15 días para pronunciarse sobre la admisión de los casos. Sin embargo, debido a la relevancia nacional de este asunto, se espera que se dé una respuesta inmediata por parte del tribunal, destaca el experto.
Hasta el momento, han transcurrido más de 24 horas desde la emisión del decreto y la Corte Constitucional no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto. Raza también enfatiza que las medidas cautelares no entrarán en vigor de forma automática sino que requerirán una decisión expresa por parte del tribunal.
La atención se centra ahora en la pronta respuesta que se espera de la Corte Constitucional, mientras se plantean medidas cautelares para salvaguardar los intereses de las partes involucradas en las demandas de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial.