La Judicatura con sus centros de Mediación no debe esperar que lleguen solicitudes sino mandar de cuenta propia a verificar cómo se están dando los despidos intempestivos.
Vanessa Velásquez, doctora en jurisprudencia y maestrante de la universidad de la Rioja en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, reconoció que existen abusos de derecho que con complicidad han apoyado a las empresas a justificar despidos intempestivos por supuesto caso fortuito, cuando no es así: “Con todo respeto a los colegas (…) Debe primar la ética profesional”.
La jurista lamentó que entre los empleadores exista un grupo que sin oportunidad de dialogo y bajo mentiras les piden a sus trabajadores que se acerquen por temas médicos para luego entregarles la carta de despido: “Con 23 años de trabajo y con un pago de apenas 300 dólares”.
“Como abogada laboral, nunca parcializo mis sentimientos legales hacia ningún lado sea empleador o empleado, porque siempre hay oportunidad de que un juez lo decida, personalmente creo que no podemos perder la fe en la justicia”.
Con esa base instó al Ministerio de Trabajo a acudir a las empresas donde se están emitiendo notificaciones masivas y a la vez solicitó al Consejo de la Judicatura que con sus centros de mediación lleguen a estos lugares para verificar cómo se están dando los despidos intempestivos.
Velásquez rechazo que algunos empresarios se porten de manera tramposa puesto que del número de empleados que se ve obligado a despedir escoge a aquellos con muchos años de trabajo para evitarse la jubilación patrona: “O hay empresas que dicen cerrar y esperan un año para con otro RUC abrir de nuevo, eso es muy grave”.
Sin embargo indicó que aunque el proceso judicial será desgastante porque la emergencia sanitaria hará que se demoren en resolver hasta en dos años, pero garantizó que finalmente las empresas tramposas terminarán pagando desahucios, jubilación patronal y si las empresas que se acogieron a caso fortuito siguen abiertas y funcionando, tendrán que indemnizar por despido intempestivo.