Refiriéndose al caso Sobornos, indicó que en el proceso llama la atención que Fiscalía no haya impugnado el sobreseimiento de Cai Runguo, esto según Bonilla se debe a que la empresa está vinculada a Sinohydro que entregó millones a Recorsa que está involucrado con Ina Investment.
La asambleísta Viviana Bonilla se refirió a la audiencia de llamamiento a juicio del pasado 3 de enero y que no ha sido recogido por los medios de comunicación a pesar de la relevancia del tema, pues ahí la jueza Daniella Camacho llamó la atención de la Fiscal General Diana Salazar: “Por un proceso desordenado y lo más grave que le dice es que el proceso no ha guardado ni ha respetado el principio de objetividad”.
Bonilla detalló que existen ejemplos claros justifican la molestia de la magistrada como el haber cerrado anticipadamente la instrucción fiscal, dejar dos de los tres delitos fuera y en este último destacó que el propio pronunciamiento de Salazar da cuenta de la persecución política: “Porque no dice que esa decisión es porque se ajusta al tipo penal sino que los deja de lado porque no puede juzgarse en ausencia”.
A ello se suma el no haber permitido que la defensa traiga a un perito extrajero para analizar el cuaderno de Pamela Martínez: “Dijeron que fue escrito recién en un vuelo de 30 minutos y ahí constan cifras hasta decimales, la señora Martínez tiene una memoria privilegiada. Ella participó para que ella quede en la impunidad en los delitos que cometió y minimizar su sentencia inculpando a funcionarios del Gobierno anterior”.
Cuestionó los supuestos 800 indicios que Fiscalía tiene para acusar a los procesados: “El que escucha eso cree que debe haber elementos contundentes pero en mi caso tienen mi nombramiento como gobernadora, como asambleísta, como secretaria de Gestión Política. Les faltó pedir la copia de cedula o la licencia”.
En entrevista a Teleradio recordó que nunca ocupó cargos de ejecución de obra pública y el presunto delito que se persigue es porque se habrían entregado contratos a cambio de dinero para campaña: “El propio CNE, que fue designado por un (Consejo de Participación Ciudadana) transitorio opositor, estableció que no hubieron aportes ilegales”.
“Los propios contratistas y proveedores de los servicios de campaña afirman que no se reunieron conmigo. Ellos dicen que venían desde Quito con Paulina Proaño que recibía las facturas en blanco y se les entregaba a Pamela Martínez, pero Paulina Proaño no está vinculada”.
Pero sobretodo, lo que más llama la atención de Bonilla es la actuación de Fiscalía y Procuraduría que no impugnaron el auto sobreseimiento de la empresa Cai Runguo que a decir de la asambleísta era el mandamás de Sinohydro misma que según Fiscalía tiene fuertes indicios de haber participado en un cohecho: “¿Por qué no lo hacen? Porque Cai Runguo que está vinculado a Synohudro fue la que entregó millones a Recorsa que está involucrado con Ina Investment”.
Según la legisladora la intención de vincularla en este caso es quitarle su curul en la Asamblea Nacional: “El bloque morenista es débil y necesitan más gente para tener más fuerza dentro del Legislativo”.
Reprochó que en el país los procesos judiciales no sirvan para nada: “Porque son los medios de comunicación los que dictan la sentencia y estas se ajustan a los tribunales. La presunción de inocencia vale igual que una servilleta en este país”.
Fuente: Teleradio