Ahora, el texto normativo pasará al Ejecutivo para su sanción.
Punto Noticias. Con 104 votos afirmativos y 19 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el texto íntegro del proyecto de Ley que regula el uso Legítimo de la Fuerza.
En el debate, el bloque de Pachakutik rechazó que se incluya tres artículos que criminalizarían la protesta social. Salvador Quishpe señaló que la ciudadanía exige una ley que ayude a contrarrestar la inseguridad.
“Eso exige el pueblo, no una ley para regular la movilización social de los ciudadanos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que le demos al Ecuador una ley que ayude a controlar el problema de la delincuencia, pero nos llama la atención que con esta ley la movilización se garantiza. Les recuerdo que ese discurso ya nos dijeron en 2008”, reclamó.
Por ello, solicitó que se vote por toda la ley, a excepción de los artículos 23, 24 y 25 que afectarían la protesta social. Otra propuesta es devolver a la Comisión de Soberanía y Seguridad, por ocho días, para que incluyan sus recomendaciones. Sin embargo, ninguna fue aceptada.
Por su parte, la asambleísta Nathalie Arias, de CREO, recordó varias reformas y decretos que se han emitido en años anteriores para reforzar la seguridad. Sobre los tres artículos observados, Arias dijo que el primer artículo de la normativa señala que, “en ningún caso el uso de la fuerza tendrá por finalidad impedir el ejercicio de derechos de reunión, manifestación protesta o resistencia”
La normativa
El documento desarrolla la facultad constitucional del uso de la fuerza que el Estado ejerce a través de los servidores de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, como entidades de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.
En el informe, la comisión destacó que el proyecto propone un equilibrio virtuoso entre el respeto a los derechos humanos, el orden público, la seguridad ciudadana y la protección a la integridad de los servidores de las entidades reguladas, en cumplimiento de su deber legal.
Con este proyecto se busca establecer el deber de prevención y protección en relación con el uso legítimo de la fuerza en situaciones en las que estén, o puedan estar, involucrados niños, niñas, adolescentes y otros grupos de atención prioritaria; y crear un marco jurídico diferenciado que oriente el actuar de los servidores de las instituciones mencionadas.
También regula las circunstancias específicas en la que se puede hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza; de la fuerza potencial e intencionalmente letal; así como, norma los procedimientos y requisitos de los informes en caso del uso de la fuerza, dentro de un marco general de responsabilidades en caso de uso indebido; sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que correspondan.