Johanna Moreira, proponente del informe, dijo que el Pleno Legislativo sí tiene la competencia de enviar el documento, según el artículo 139 de la Constitución.
Punto Noticias. Con 75 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la moción de Johanna Moreira, de la Izquierda Democrática, para remitir a la Corte Constitucional el veto parcial del Presidente Guillermo Lasso a la Ley que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Casos de Violación.
El hemiciclo legislativo centró su debate en si la Asamblea tiene o no la facultad de enviar el veto a la Corte Constitucional.
Moreira dijo que sí tienen la competencia, según el artículo 139 de la Constitución, que establece que si la objeción de la Presidenta o Presidente de la República se fundamenta en la inconstitucionalidad total o parcial del proyecto de Ley, requerirá dictamen de la Corte Constitucional, que lo emitirá dentro del plazo de treinta días. Por lo que mocionó que el documento vaya la Corte.
Alejandro Jaramillo, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que las objeciones del Mandatario son por temas de constitucionalidad. Además, reprochó que «nunca ha pasado que un Presidente de la República, en un veto parcial, incluya su postura personal».
Wilma Andrade, por su parte, aclaró que no se está debatiendo el aborto en todas sus causales y detalló que el veto no garantiza los derechos de las mujeres víctimas de violación.
«No se podrá exigir sentencia condenatoria contra el violador para hacer efectivo el aborto de la víctima violada», cito Andrade, sobre la sentencia de la Corte que despenalizó el aborto por esta causal.
Pierina Correa señaló que se pretende enviar el veto a la Corte porque no existirían los votos para la ratificación del texto aprobado, que fue una de las opciones que se habían planteado.
Luego de señalar que el Presidente Lasso «sustentó con claridad, punto por punto», Correa mocionó allanarse al texto enviado por el Ejecutivo.
Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea, cerró el debate y suspendió la sesión. A las 15h00 se reinstaló para la votación de Moreira y, al tener los votos necesarios, ya no se dio paso a lo propuesto por Correa.
Ahora, le corresponde a la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad o no del texto aprobado por la Asamblea Nacional, el pasado 17 de febrero, que establece que las mujeres mayores de 18 años podrán interrumpir el embarazo en casos de violación hasta la semana 12; mientras que para niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad será hasta la semana 18.
La creación de la Ley ocurrió luego de la sentencia de la Corte Constitucional, en abril de 2021, en la que amplió las causales del aborto no punible e incluyó todos los casos de violación.